Un giro judicial en el caso del pase al retiro policial
La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó al Poder Judicial un pedido para ser reconocida como actor civil en el proceso penal contra el expresidente Francisco Sagasti, investigado por el presunto delito de abuso de autoridad. La solicitud incluye la propuesta de una reparación civil provisional de S/400 mil, que debería ser cancelada de manera solidaria por Sagasti y los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, si el Poder Judicial determina responsabilidad penal.
El caso se remonta a los hechos de noviembre de 2020, durante la breve transición presidencial en medio de la crisis política. Allí, la designación de César Cervantes como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) desencadenó el retiro masivo de oficiales de alto rango. Este es el punto que la PGE considera fundamental para justificar su participación en el proceso.
¿Qué motivó a la Procuraduría a solicitar S/400 mil como reparación? Aunque el documento no explica el cálculo del monto, sí afirma que busca resarcir el supuesto “daño a la buena imagen del Estado” ocasionado por la medida adoptada por el Ejecutivo de entonces.
La decisión que originó el conflicto
El núcleo del proceso penal está en la designación del comandante general de la PNP a fines de 2020. En ese momento, el Ejecutivo eligió a César Cervantes, quien ocupaba el puesto 18 en el escalafón policial, por encima de otros generales con mayor antigüedad.
Esa decisión derivó en el pase al retiro de dos tenientes generales y 16 generales, incluido el entonces comandante general Orlando Velasco Mujica, quien fue retirado —según la acusación— sin una justificación válida. El Congreso denunció que esta medida no solo violó la institucionalidad policial, sino que habría sido adoptada de manera arbitraria y abusiva.
El argumento central de la denuncia sostiene que el retiro masivo respondió a una supuesta intención de reorganizar la cúpula policial, lo que habría afectado la estructura jerárquica de la institución. Este es el punto que ahora la PGE retoma para pedir que se reconozca un daño directo al Estado.
La Procuraduría apunta a “afectación institucional”
Para la Procuraduría, los hechos no solo perjudicaron a los oficiales retirados, sino que también generaron un impacto en la confianza pública. En su solicitud, la PGE sostiene que el retiro en bloque produjo un “perjuicio grave en la institucionalidad” de la PNP, acompañado de una “inestabilidad y desconfianza” en la ciudadanía.
¿Realmente puede un cambio en la cúpula policial generar un daño a la imagen del Estado? La PGE sostiene que sí, al considerar que cualquier acto cuestionado —más aún si involucra a un expresidente y a dos ministros del Interior— podría proyectar un mensaje de improvisación o uso indebido del poder.
Este argumento es la base para justificar la reparación de S/400 mil, pese a que el documento presentado no detalla la metodología del cálculo ni los criterios técnicos utilizados para llegar a esa cifra.
Un proceso que reabre viejos debates políticos
El pedido de la Procuraduría surge en un contexto en el que aún persisten las discusiones sobre la actuación de los gobiernos de transición. Sagasti ha sostenido en reiteradas oportunidades que las decisiones adoptadas durante su breve mandato buscaron restablecer la calma y reorganizar instituciones clave en medio de la crisis social originada tras la salida de Manuel Merino.
En ese escenario, el pase al retiro de generales de la PNP fue una de las decisiones más polémicas. Para algunos sectores políticos, fue una medida necesaria para recomponer la legitimidad policial tras las protestas y denuncias de abusos. Para otros, constituyó un acto de interferencia política en la línea de mando.
La denuncia penal, impulsada desde el Congreso, se apoya en esta última interpretación. Con la incorporación de la Procuraduría como actor civil —si es aprobada por el Poder Judicial—, el proceso sumaría un nuevo actor estatal que reclama ser perjudicado.
Sagasti y exministros enfrentan responsabilidad solidaria
El pedido de la PGE apunta a que Sagasti, Vargas y Elice respondan de manera solidaria por el presunto daño ocasionado. Esto significa que, de ser hallados responsables, cualquiera de los tres podría ser obligado a asumir la totalidad del monto de S/400 mil, sin perjuicio de posteriores reparaciones internas entre ellos.
La figura de responsabilidad solidaria suele aplicarse en casos donde se presume la participación conjunta o articulada de funcionarios en la toma de decisiones. En este escenario, la PGE plantea que las designaciones y retiros fueron decisiones colegiadas dentro del Ejecutivo.
Lo que viene en el Poder Judicial
El Poder Judicial deberá evaluar si la Procuraduría cumple con los requisitos legales para ser reconocida como actor civil. Si el pedido es aceptado, la PGE podrá participar en las audiencias, presentar pruebas y solicitar reparaciones adicionales durante el proceso.
La defensa de Sagasti, por su parte, ha argumentado previamente que las decisiones adoptadas fueron acto administrativo legítimo y enmarcado en las facultades del Ejecutivo. Además, ha señalado que no existió abuso ni intención de perjudicar a la institución policial.
¿Puede este caso avanzar hacia un juicio oral? Todo dependerá de la decisión que tome el juzgado respecto a la acusación fiscal y a la incorporación de la PGE como actor civil.