La ofensiva del Ministerio Público contra el crimen organizado dio un giro decisivo con el pedido de cadena perpetua para los miembros de la organización criminal ‘La Nueva Jauría del Norte’, una red que durante años sembró terror en Ventanilla y zonas aledañas. La acusación formal sostiene que sus integrantes cometieron 25 asesinatos, múltiples casos de extorsión, secuestros agravados, sicariato y delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas.
El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, que, tras una investigación de largo aliento, estableció la estructura interna de la banda, su cadena de mando y las modalidades con las que mantenían el control criminal en sectores estratégicos, especialmente en Pachacútec y diversas zonas de Ventanilla.
Una estructura violenta detrás de las extorsiones
Según el Ministerio Público, la organización funcionaba bajo un esquema jerárquico liderado por Omar Castañeda y Juan Sulca, señalados como los principales cabecillas. Ellos habrían ordenado atentados, cobro de cupos y ejecuciones contra quienes se negaban a someterse a sus exigencias.
¿Cómo operaba ‘La Nueva Jauría del Norte’?
La Fiscalía sostiene que los imputados actuaban con extrema violencia, imponiendo reglas criminales en sectores donde funcionaban empresas de construcción civil, asociaciones de vivienda y emprendimientos locales. Bajo amenazas constantes, exigían pagos periódicos por “seguridad”, lo que les permitía financiar armas, vehículos y su expansión territorial.
Entre los delitos imputados destacan:
- Extorsión a trabajadores de construcción civil.
- Sicariato contra sindicalistas y líderes sociales.
- Secuestro agravado de ciudadanos que se resistían al pago de cupos.
- Tenencia ilegal de armas de fuego.
- Tráfico ilícito de drogas agravado, especialmente en Pachacútec.
- Usurpación agravada de terrenos en disputa.
La Fiscalía subraya que, dentro de la organización, existían grupos destinados exclusivamente a ejecutar asesinatos por encargo, lo que explica la magnitud del número de víctimas confirmadas.
25 muertes y siete heridos: el rastro criminal
La acusación fiscal documenta que la banda fue responsable de 25 homicidios y dejó al menos siete heridos por arma de fuego. Muchas de las víctimas eran dirigentes vecinales o representantes de asociaciones que se negaron a pagar las extorsiones o que denunciaron las actividades de la red criminal.
¿Quiénes son los principales agraviados?
Las víctimas identificadas incluyen:
- Líderes de construcción civil en Ventanilla.
- Dirigentes de asociaciones de vivienda.
- Empresarios locales presionados por cupos.
- Ciudadanos que rechazaron colaborar con la organización.
Para la Fiscalía, esta red no solo generó terror en los barrios donde operaba, sino que también provocó el desplazamiento de familias enteras debido al riesgo constante de represalias.
El pedido fiscal: 64 cadenas perpetuas y penas de hasta 35 años
El Ministerio Público solicitó 64 penas de cadena perpetua para los cabecillas y miembros más violentos de la organización. Para otros siete imputados se pidieron sentencias que llegan hasta 35 años de prisión, debido a su participación directa en crímenes agravados y su vínculo probado con la estructura criminal.
¿Por qué la Fiscalía exige penas tan altas?
La investigación señala que la organización muestra alta peligrosidad, continuidad delictiva y capacidad para reorganizarse incluso después de operativos policiales. Debido a ello, el Ministerio Público considera que solo una condena severa permitirá frenar futuros actos de violencia.
Pruebas, decomisos y reparación civil
Durante las intervenciones policiales y fiscales se incautaron armas de fuego, 456 municiones, múltiples teléfonos celulares y una minivan utilizada por la organización para movilizar a sus integrantes y trasladar armamento.
La Fiscalía también solicita el decomiso de S/ 26,420 hallados durante los operativos, así como el pago de una reparación civil de S/ 2’932,302.41 destinada al Estado y a los familiares de las víctimas.
¿Qué evidencia sostiene la acusación?
El expediente fiscal incluye:
- Declaraciones de testigos protegidos.
- Informes balísticos.
- Intercepciones telefónicas.
- Pericias de criminalística.
- Reconstrucciones de escenas del crimen.
- Declaraciones de agraviados aún con vida.
Estas pruebas, afirma la Fiscalía, permiten acreditar la participación directa de los acusados en los delitos más graves atribuidos a la organización.
Un caso emblemático en la lucha contra el crimen organizado
El proceso contra ‘La Nueva Jauría del Norte’ se perfila como uno de los más importantes del año debido a la magnitud de los delitos y a la violencia ejercida contra la ciudadanía. El Ministerio Público busca sentar un precedente frente a bandas que replican modelos de extorsión y control territorial similares a los del crimen organizado transnacional.
La decisión del Poder Judicial, que deberá evaluar el pedido fiscal, marcará un punto de quiebre para futuros procesos contra organizaciones dedicadas a la extorsión y al sicariato en la capital.
Mientras avanza la acusación, los 25 implicados permanecen bajo mandato de detención preventiva mientras continúa la etapa de juicio oral.