Gobierno rechaza compra de avión Antonov y asegura que proceso heredado “está bajo revisión”

Mininter niega haber concretado la adquisición de una aeronave valorizada en más de USD 63 millones y afirma que la operación inició antes de la actual gestión.

por Edgar Mandujano

Un contrato millonario bajo sospecha

El Gobierno del presidente José Jerí salió a desmentir que su administración haya concretado la compra de un avión Antonov AN-74 para la Policía Nacional del Perú (PNP), en medio de cuestionamientos por un presunto contrato irregular revelado por un informe periodístico. La investigación señala que la aeronave —valorada en USD 63,9 millones— habría sido adjudicada a una empresa de Emiratos Árabes que no es fabricante oficial del modelo ofrecido.

El Ministerio del Interior (Mininter) respondió con un comunicado asegurando que el proceso “se encuentra en revisión integral” y que los trámites habrían empezado antes de que la actual gestión asumiera funciones. Esta declaración abre una interrogante central: ¿quién autorizó realmente la compra y por qué se mantuvo pese a las alertas técnicas?

La denuncia: un avión “fantasma” de USD 63 millones

El reportaje publicado por La República el 15 de noviembre destapó lo que podría ser una de las operaciones más polémicas en materia de adquisiciones policiales. Según el informe, la empresa Aero Express FZE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, ofreció al Estado peruano un avión AN-74 “recién salido de fábrica”. El problema es que esta afirmación, según el embajador de Ucrania en el Perú, Yuriy Polyukhovych, es imposible.

El diplomático dejó claro, mediante una comunicación oficial enviada a la Dirección de Aviación Policial (DIRAVPOL), que los aviones Antonov solo se fabrican en Ucrania y que su producción del modelo AN-74 cesó en 2014. Este dato, además de contradecir la oferta comercial, abre un punto clave:
¿intentó el Mininter adquirir un avión cuya fabricación ya no existe?

Polyukhovych también advirtió que ninguna empresa fuera de Ucrania tiene autorización para fabricar aeronaves AN, lo que refuerza las sospechas sobre la legitimidad del proveedor.

El doble del precio original

Otro elemento que alimenta la polémica es el monto del contrato. El último avión AN-74 fabricado en Kharkiv en 2014 costaba unos USD 30 millones. Sin embargo, el Mininter aceptó una cotización de USD 63,9 millones, más del doble del valor de mercado.
Con esa cifra, según el propio embajador ucraniano, el Perú podría adquirir dos aeronaves, no una.

Esto planteó una nueva pregunta dentro del debate público:
¿por qué la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) habría impulsado la adjudicación pese al evidente sobreprecio?

El informe periodístico señala además que esta oficina habría ignorado las advertencias técnicas enviadas al Ejecutivo antes de la presunta adjudicación.

Mininter se defiende y señala a la gestión anterior

Frente a la creciente controversia, el Mininter emitió un pronunciamiento temprano el 16 de noviembre. La entidad aseguró que el proceso no corresponde a la actual gestión ministerial y destacó que apenas asumió funciones dispuso una evaluación exhaustiva de toda la documentación técnica y legal del contrato.

“Desde que se asumió esta gestión, se dispuso una revisión integral y exhaustiva del proceso, reafirmando el compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos del Estado”, señaló el comunicado. Además, indicó que se invitó a la Contraloría General a acompañar la auditoría del caso para garantizar objetividad.

Sin embargo, esta versión colisiona con la revelación periodística, que sostiene que la Contraloría ya intervino y “constató irregularidades” durante el procedimiento. Esta contradicción es ahora parte del debate público.

Advertencias internacionales ignoradas

Uno de los puntos más sensibles es que las alertas sobre la imposibilidad de fabricar un AN-74 nuevo fueron enviadas antes de que se concretara la presunta adjudicación. Fuentes del reportaje señalan que el Ministerio del Interior fue informado de manera reiterada sobre la irregularidad.

A pesar de ello, la OGAF habría continuado con el proceso y emitido la orden para conceder el contrato. El Mininter no ha precisado quiénes integraban la oficina responsable ni qué funcionarios tomaron la decisión final.

Esto abre un flanco adicional:
¿esto podría configurar responsabilidades administrativas o incluso penales?
De encontrarse infracciones, el propio ministerio ha señalado que la compra será anulada y que se identificarán a los funcionarios responsables.

El rol de la empresa Aero Express FZE

Aero Express FZE es una compañía registrada en Emiratos Árabes Unidos. No forma parte del grupo de fabricantes autorizados por Antonov y no posee licencia para producir aeronaves AN-74. Pese a ello, ofreció un avión “de fábrica”, generando dudas sobre el origen real del modelo ofrecido.

El informe periodístico no descarta la posibilidad de que se trate de una aeronave reconstruida, modernizada o adaptada, lo que explicaría el costo mayor. No obstante, sin documentación técnica oficial de Antonov, cualquier operación sería incompatible con los estándares internacionales de aeronavegabilidad.

Impacto político en el gobierno de Jerí

La denuncia coincide con un periodo de alta sensibilidad política para el Ejecutivo. El presidente José Jerí ha enfrentado cuestionamientos por supuestas adquisiciones irregulares en otros sectores, por lo que este caso añade presión a su discurso de transparencia.

En declaraciones recientes, Jerí aseguró: “No voy a postular a nada, no soy enemigo político de nadie”, buscando desactivar la tensión en torno a investigaciones periodísticas. Pero la sospecha sobre un contrato de más de USD 63 millones es un tema que podría marcar la agenda del Gobierno en las próximas semanas.

Para analistas, este episodio evidencia nuevamente la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en adquisiciones estatales, especialmente en compras militares o policiales, que suelen implicar montos millonarios y proveedores especializados.

Un proceso que seguirá bajo la lupa

Mientras el Mininter insiste en que la operación “podría dejarse sin efecto” si se detectan infracciones, las preguntas sobre el origen del contrato, el proveedor, el sobreprecio y las alertas ignoradas siguen abiertas.

La Contraloría, el Congreso y las comisiones fiscalizadoras tendrán ahora un rol determinante para esclarecer el camino del contrato del avión AN-74.

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