Un empresario inmobiliario de Huacho denunció que un grupo de nueve policías, incluido el coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la División de Robos de la Dirincri, habría sustraído medio millón de soles durante un operativo realizado en su vivienda. El caso, revelado por el programa Panorama, ya cuenta con una carpeta fiscal en marcha y ha desatado nuevas interrogantes sobre el proceder policial y la transparencia de la intervención.
Una denuncia que sacude a la Dirincri
La acusación fue presentada por José Antonio Muchaipiña, empresario inmobiliario y representante de la Asociación de Vivienda Nuevo San Juan, quien sostiene que los agentes se llevaron S/ 500 mil en efectivo que mantenía ocultos en su habitación. Según su versión, el dinero estaba guardado en una bolsa negra dentro de un cajón de su zapatera, en el segundo piso de su vivienda.
El denunciante asegura que puede acreditar la posesión del dinero mediante estados de cuenta bancarios, vouchers de retiro y declaraciones ante la Sunat. La pregunta clave que surge es: ¿por qué mantenía esa suma en efectivo y por qué estaba dentro de su vivienda? Muchaipiña afirma que era capital destinado a operaciones inmobiliarias del norte chico.
La denuncia incluye al coronel Juan Carlos Montúfar Lezama y a otros ocho agentes de la División de Robos, sumando un total de nueve efectivos policiales ahora bajo investigación fiscal. El caso abre un nuevo capítulo en la discusión pública sobre el rol, los límites y los mecanismos de control internos dentro de las unidades especializadas de la PNP.
¿Qué originó el operativo en Huacho?
De acuerdo con la información difundida, el operativo se dio tras un incidente delincuencial que dejó tres muertos en el norte chico. La Policía sostenía que los presuntos responsables —según su versión, ciudadanos venezolanos— se habrían refugiado en la asociación de vivienda representada por Muchaipiña. Esto llevó a la División de Robos a intervenir varias viviendas de la zona.
El propio Montúfar confirmó que estuvo al mando del operativo, pero rechazó cualquier acusación de irregularidad. Consultado sobre la desaparición del dinero, respondió que se trata de un asunto bajo investigación y que las entidades correspondientes emitirán las conclusiones cuando corresponda. La declaración deja abierta una pregunta sensible: ¿existieron protocolos claros y supervisión fiscal durante la ejecución del operativo?
Pese a que la Policía asegura que actuó con información de inteligencia, no se registraron detenidos en el acta. Según la versión policial, los presuntos delincuentes habrían escapado aprovechando la neblina del día de la intervención.
Irregularidades: ausencia de fiscal y retiro de cámaras
Uno de los puntos más delicados de la denuncia radica en la presunta falta de presencia de un fiscal durante la intervención. Muchaipiña asegura que la Policía llegó, ingresó y revisó su vivienda sin supervisión del Ministerio Público, contraviniendo las prácticas de control que suelen acompañar operativos de este tipo.
Además, el empresario denunció que los agentes rompieron y se llevaron una cámara de seguridad, elemento que, según afirma, contenía pruebas clave del ingreso y accionar policial dentro de la vivienda. “Si te llevas una cámara con la inspección completa, te estás llevando la prueba madre“, declaró a Panorama. Esta acción genera otra pregunta clave: ¿por qué un equipo policial retiraría un dispositivo que contenía evidencia audiovisual del operativo?
La desaparición del dispositivo ha sido interpretada como un intento de impedir la verificación de la intervención. Muchaipiña sostiene que, en su historial de disputas por terrenos, ya ha sido anteriormente acusado de traficante de tierras, y que el operativo podría haber sido una venganza o un intento de “sembrarlo” por denuncias previas contra otro grupo de policías.
La defensa del coronel Montúfar
Ante las acusaciones, el coronel Montúfar ha mantenido una postura cerrada. Negó un presunto robo y aseguró que su intervención respondió a indicios de inteligencia. Sobre la desaparición del dinero, evitó pronunciarse de manera directa: “Eso es materia de investigación”, dijo ante cámaras.
El jefe policial también defendió la presencia operativa señalando que la zona estaba vinculada a presuntos criminales y que su ingreso buscaba asegurar el área ante la información recibida. Sin embargo, la falta de evidencia audiovisual y la ausencia de detenidos han alimentado dudas sobre la eficacia y transparencia del operativo.
Carpeta fiscal en curso y cuestionamientos en aumento
El Ministerio Público ya abrió una carpeta fiscal para investigar los hechos. La participación de altos mandos de la Dirincri vuelve el caso especialmente sensible, debido a que la División de Robos es una de las unidades de élite encargadas de combatir delitos de alto impacto en Lima.
La investigación deberá responder varias preguntas clave:
- ¿Se realizó el operativo con orden judicial y presencia fiscal?
- ¿Existieron protocolos de registro de bienes durante la intervención?
- ¿Puede corroborarse que el dinero estaba donde el empresario afirma?
- ¿Qué motivó el retiro de las cámaras de seguridad?
El impacto mediático del caso podría generar, además, revisiones internas dentro de la PNP y eventuales sanciones administrativas mientras avanza el proceso penal, en caso se encuentren indicios de responsabilidad.
Un caso que puede escalar
La denuncia ocurre en un contexto en el que la ciudadanía ya cuestiona la actuación de distintos sectores policiales por casos recientes de corrupción. Este nuevo episodio, que involucra a nueve agentes, vuelve a encender el debate sobre control interno, transparencia y supervisión del uso de fuerza y procedimientos en operativos sensibles.
Mientras la Fiscalía avanza con la indagación, Muchaipiña insiste en que lo ocurrido no fue un error operativo, sino un robo perpetrado desde dentro de la Policía. Su testimonio, sumado al retiro de cámaras y a la falta de registro de bienes incautados, se ha convertido en el núcleo del caso.