El Congreso de la República abrió un debate que podría redibujar por completo el mapa energético del Perú: el recorte al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). La propuesta, contenida en el Proyecto de Ley 09268/2024-CR, plantea restringir el subsidio únicamente a los hogares pobres validados por el SISFOH, un cambio que —según expertos— dispararía los costos de conexión al gas natural y frenaría la masificación en más de una decena de regiones.
La discusión no solo involucra tarifas. La pregunta central es clara: ¿qué implica para el país reducir el subsidio que permitió que millones de peruanos migraran del GLP al gas natural por red? A medida que los gremios instalan una férrea oposición, el Congreso avanza en una medida que podría impactar hogares, comercios, transportistas y empresas instaladoras.
Restricción del FISE: ¿a quiénes excluiría el nuevo esquema del Congreso?
El proyecto plantea que solo los hogares pobres según el SISFOH sean beneficiarios del FISE. Pero en Perú, miles de familias de estratos 1, 2 y 3 no están registradas formalmente, lo que provocaría una exclusión automática. ¿Qué ocurriría con todas esas familias que hoy pagan menos de 40 soles en recibo de gas gracias al subsidio?
De aplicarse, la restricción afectaría especialmente a regiones donde la expansión del servicio recién empieza: Ayacucho, Ica, Puno, Cusco, Junín, Huancavelica, Andahuaylas y Ucayali, además de Áncash, Piura, Tumbes, Cajamarca y Trujillo. En el sur, Arequipa, Moquegua y Tacna también enfrentarían retrasos forzados.
Actualmente, el FISE permitió instalar redes que benefician a más de 8 millones de personas y posibilitó cerca de 300.000 conversiones vehiculares, según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. De aprobarse la iniciativa, gran parte de estos usuarios potenciales quedaría fuera de futuras conexiones.
Conexiones que pasarían de 300 a 2.500 soles: ¿por qué se elevarían los costos?
Hoy, una conexión básica de gas natural tiene un costo promedio de 333 soles por hogar. El resto es cubierto por el FISE, un subsidio que impulsó la masificación en Lima y varias regiones. Pero la Asociación Nacional de Empresas Instaladoras advierte que este monto se dispararía a 2.280 soles, e incluso más, si el Congreso aprueba el recorte.
Juan Fernández, presidente del gremio, explicó que el alza no solo afectará a las familias, sino también a comercios y pequeñas empresas que requieren el servicio para operar a bajo costo. ¿Qué significa para un emprendedor que una conexión de gas salte a casi 2.500 soles? En muchos casos, la respuesta es simple: perder competitividad o desistir del servicio.
El sector ya enfrenta un escenario crítico. De las más de 650 empresas instaladoras que existían hace algunos años, solo quedan 480 activas, y muchas sobreviven con dificultades debido a la falta de nuevos proyectos, paralizaciones y baja inversión en redes regionales. El gremio advierte que miles de empleos podrían desaparecer.
La incertidumbre también golpea a provincias del norte chico de Lima, como Chancay, Huacho y Huaral, donde la expansión del gas natural lleva años de retraso y ahora corre riesgo de descontinuarse.
GLP en ventaja: ¿favorece el proyecto a otro sector energético?
Una de las críticas más fuertes es que la restricción del FISE generaría una ventaja directa para el GLP, energético que sí mantendrá el subsidio a través del Vale FISE. Esto, según Fernández, provoca una distorsión en el mercado: mientras el GLP mantiene apoyo estatal, el gas natural por red —considerado más limpio y económico— se encarece artificialmente.
El GLP ya viene ganando terreno en varias regiones donde la masificación del gas natural avanza lentamente. Si el subsidio se elimina para la conexión por redes, miles de familias seguirán dependiendo del cilindro de gas, que resulta más caro y vulnerable a la especulación del mercado internacional.
¿Por qué privilegiar el GLP en un momento en que el país busca una matriz energética más barata y menos contaminante? La respuesta permanece en debate, aunque los gremios advierten que el nuevo esquema frenaría la transición energética en las regiones.
Impacto en comercios y transportistas: un golpe silencioso
El Congreso sostiene que la medida está orientada a focalizar el gasto público. Sin embargo, comerciantes, microempresarios y transportistas serían los más golpeados.
Hoy, cerca de 30.000 comercios acceden a tarifas subvencionadas de gas natural. Sin el FISE, muchos regresarían al GLP o incluso a combustibles más caros. Las conversiones vehiculares, que ya alcanzaron las 300.000, también se verían impactadas, pues las subvenciones serían recortadas por completo.
Esto podría revertir una tendencia positiva: la migración del transporte urbano hacia combustibles más limpios.
¿Qué viene ahora? Gremios piden que el Congreso reabra el debate
Instaladores, especialistas y asociaciones regionales han solicitado al Congreso reabrir el debate e incluir a técnicos, concesionarias y autoridades del sector energía. Aseguran que una mala decisión podría paralizar hasta 10 años de avances en masificación.
El proyecto continúa en discusión, pero los impactos están claros: exclusión masiva de familias, incremento drástico de costos, precarización del sector instalador y una ventaja creciente para el GLP.
La pregunta de fondo es si el país puede retroceder en uno de los procesos de expansión energética más importantes de la última década. Por ahora, la decisión está en manos del Congreso.