Críticas a la gestión de Dina Boluarte
El presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente, denunció que su reemplazo temporal fue designado “a dedo” por el gobierno de Dina Boluarte, tras su suspensión en el cargo.
En declaraciones a Exitosa Noticias, Muente aseguró que esa breve gestión estuvo “alineada con los intereses de las empresas de telecomunicaciones”, especialmente en el contexto de los cambios en la ley que regula la venta ambulatoria de chips telefónicos.
El funcionario sostuvo que el nombramiento de su sucesor no respondió a criterios técnicos ni institucionales, sino a una decisión política. “Ese Osiptel estaba alineado con los intereses de las empresas (…) el Ejecutivo actuó en sintonía con la venta irregular de chips”, señaló.
Proyecto de ley y controversias sobre la venta de chips
Muente recordó que la controversia se remonta a julio de 2023, cuando el Congreso aprobó una norma que prohibía la venta ambulatoria de chips. Según el presidente de Osiptel, la propuesta inicial contemplaba sanciones penales no solo para los vendedores informales, sino también para quienes facilitaran o promovieran esa práctica, incluyendo a los directivos de las empresas operadoras.
Sin embargo, explicó que durante el debate parlamentario, ese párrafo fue retirado, dejando sin efecto la posibilidad de sancionar a las cabezas de las compañías.
“El Congreso eliminó la parte que implicaba responsabilidad para los directivos, y el Ejecutivo promulgó la ley sin reparo alguno. Ese Osiptel estaba alineado con las empresas”, subrayó Muente.
Autonomía institucional en riesgo
El titular de Osiptel advirtió que el gobierno está evaluando su permanencia en el cargo, en base a un informe que recomienda su destitución. Frente a ello, sostuvo que el organismo debe mantener su autonomía y no estar sometido a intereses políticos o empresariales.
Muente reveló que el actual ministro de Justicia, Eduardo Adrianzén, resolvió una sanción en su contra “de manera irregular”, pese a que existía un conflicto de interés por haber sido su subordinado.
“Adrianzén resolvió una sanción de un año cuando estaba impedido de hacerlo. Nuestra relación fue muy mala y existen correos notariados que prueban su animadversión”, denunció.
El funcionario agregó que esta situación forma parte de una “persecución política” que se ha mantenido a lo largo de los tres últimos gabinetes: Otárola, Adrianzén y Arana.
Osiptel detecta irregularidades en operadoras
El presidente de Osiptel recordó además que la entidad ha detectado ventas irregulares de chips por parte de diversas operadoras, lo que derivó en denuncias contra la propia institución.
“Las empresas nos denunciaron después de que fiscalizamos la comercialización ilegal de chips”, afirmó Muente, quien aseguró que el organismo continuará supervisando el cumplimiento de la normativa vigente.
Según cifras del regulador, miles de líneas móviles fueron registradas con documentos falsos o suplantados, lo que ha facilitado el uso de celulares para la comisión de delitos como extorsiones o fraudes digitales.
Llamado a la transparencia y defensa institucional
Rafael Muente insistió en que Osiptel debe ser una entidad autónoma, libre de presiones políticas y económicas. En ese sentido, exhortó al Ejecutivo a respetar los procesos internos y garantizar la continuidad técnica del regulador de las telecomunicaciones.
“Esta persecución no tiene sentido jurídico. Osiptel debe seguir defendiendo a los usuarios y no someterse a los intereses del poder o del mercado”, concluyó.