Controversia por el reemplazo de Guillermo Bermejo
La exintegrante de Perú Libre, Zaira Arias, presentó un pedido formal ante el Congreso de la República para que se autorice su incorporación como congresista accesitaria en lugar de Guillermo Bermejo, recientemente condenado a 15 años de prisión por su presunta vinculación con Sendero Luminoso.
Arias argumentó que, al no encontrarse firme la sentencia —es decir, al estar pendiente de revisión en instancias superiores—, la aplicación del artículo 15-A del reglamento del Congreso no correspondería aún. Según explicó, la Mesa Directiva estaría incurriendo en una omisión que “afecta la representación del pueblo” y su derecho a ocupar la curul que le corresponde en la lista parlamentaria.
“Lo que estamos viendo es un bloqueo político a mi incorporación, disfrazado de tecnicismo legal”, afirmó Arias en declaraciones difundidas por redes sociales, señalando además una “persecución ideológica” contra los exintegrantes de Perú Libre.
¿Qué dice el reglamento del Congreso sobre sentencias no firmes?
El debate se centra en la interpretación del artículo 15-A del Reglamento del Congreso, que impide el reemplazo de congresistas en caso de condenas por delitos graves hasta que la sentencia sea firme. Arias sostiene que su situación se ve afectada por una aplicación anticipada y discrecional de dicha norma.
De acuerdo con su posición, mientras el Poder Judicial no haya agotado todas las instancias de apelación, el cargo de Guillermo Bermejo no debería declararse vacante, y por tanto su reemplazo debe activarse conforme al orden accesitario.
La exmilitante también ha recordado que en procesos anteriores, otros parlamentarios en condición similar fueron reemplazados una vez confirmada la sentencia en segunda instancia, por lo que pide coherencia institucional.
Respuesta de la Mesa Directiva y postura oficial
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que la Mesa Directiva actuará “con prudencia y apego a la ley”. Explicó que antes de tomar cualquier decisión, se está evaluando un informe de la Procuraduría Parlamentaria y la opinión de la Oficina de Asesoría Legal sobre los efectos jurídicos de la condena contra Bermejo.
“El Congreso no puede actuar fuera del marco normativo. Se revisarán los antecedentes y los informes técnicos antes de emitir una recomendación al pleno”, manifestó Rospigliosi.
El legislador también cuestionó la actitud de Arias, a quien acusó de “buscar protagonismo político” en un contexto sensible para la institución, que actualmente enfrenta varios procesos disciplinarios y demandas de vacancia en curso.
Guillermo Bermejo cumple condena en Ancón I
El excongresista Guillermo Bermejo fue sentenciado por la Tercera Sala Penal Nacional a 15 años de prisión tras ser hallado responsable de participar en campamentos de adoctrinamiento ideológico y militar de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, en la zona del VRAEM.
La Fiscalía de la Nación había solicitado una condena de 20 años, pero el tribunal determinó una pena menor junto con el pago de reparación civil y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el periodo de la condena.
Bermejo se encuentra recluido en el penal de Ancón I, mientras su defensa legal prepara un recurso de apelación ante la Corte Suprema. Su entorno político ha señalado que el proceso tiene una motivación “selectiva” y que se apelará “por vulneración del debido proceso”.
Un caso con implicancias políticas
El caso Bermejo–Arias vuelve a exponer la tensión entre el Congreso y el Poder Judicial, así como las pugnas internas de los grupos vinculados a Perú Libre. Para algunos analistas, la controversia podría marcar un precedente sobre la interpretación del reglamento parlamentario frente a sentencias no firmes y el ejercicio del derecho de representación política.
El desenlace dependerá de si el Parlamento decide reconocer el pedido de Arias o mantener vacante la curul hasta que se emita una resolución definitiva. En ambos escenarios, la discusión promete polarizar nuevamente al Legislativo en medio de un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia sus instituciones.