La Presidencia de la República autorizó la contratación de una defensa legal especializada para el expresidente Ollanta Humala, con un presupuesto de S/ 291,600, en el marco del proceso judicial relacionado con el Gasoducto Sur Peruano. La medida se formalizó mediante un procedimiento de selección no competitivo, convocado por el Despacho Presidencial el pasado viernes, según documentos a los que accedió Canal N.
El exmandatario es imputado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, en un proceso que incluye a 22 acusados, entre exfuncionarios y representantes de empresas vinculadas al proyecto de infraestructura energética adjudicado por más de 7 mil millones de dólares.
Procedimiento aprobado pese a decreto de austeridad
El contrato se autorizó un día después de que el Ejecutivo emitiera un Decreto de Urgencia que busca reducir el gasto estatal ante la caída de ingresos fiscales y el déficit presupuestario. Este hecho generó cuestionamientos sobre la pertinencia de financiar la defensa legal de Humala con recursos públicos en un contexto de restricción presupuestaria.
La contratación directa se sustentó en el literal i) del numeral 55.1 del artículo 55º de la Ley General de Contrataciones Públicas, que permite este tipo de procesos en casos de servicios especializados. El expediente fue aprobado el 6 de noviembre de 2023 y se financiará con recursos ordinarios del Estado.
Bases del contrato y requisitos para abogados
El procedimiento, con código N° 005-2025-DP-1, establece criterios detallados sobre la prestación del servicio legal, incluyendo experiencia mínima de cuatro años en derecho penal o procesal penal, formación académica acreditada ante SUNEDU y mecanismos de resolución de controversias mediante arbitraje.
El pago se realizará en dos armadas: 40% al inicio del servicio y 60% al final. El contratista también debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, garantizando cumplimiento legal y profesional.
Contexto judicial: Gasoducto Sur Peruano
El caso forma parte de la vigésima sexta acusación presentada por el Equipo Especial Lava Jato, que atribuye a Humala y otros acusados la conformación de una red que habría direccionado procesos de contratación pública durante su mandato. Las investigaciones señalan acuerdos ilegales con empresas como Odebrecht y pagos encubiertos que podrían constituir lavado de activos.
La etapa intermedia del proceso se desarrolla ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, previo a la eventual apertura de juicio oral. Entre los acusados se incluyen exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas, directivos empresariales y representantes de entidades reguladoras.
Humala ya cumple condena por otro caso
Actualmente, Ollanta Humala cumple 15 años de prisión por lavado de activos agravado, relacionado con aportes ilícitos al Partido Nacionalista durante sus campañas presidenciales. La sentencia incluye una reparación civil de S/ 10 millones y se cumple en el penal Barbadillo, en Ate.
Su esposa, Nadine Heredia, condenada en el mismo proceso, solicitó asilo en Brasil, donde permanece mientras pesa sobre ella una orden de captura internacional.
Defensa solicitada antes de la sentencia
El pedido de defensa legal ante la Presidencia fue presentado por Humala el 11 de agosto, meses antes de su condena en el otro caso. La Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial argumentó que los hechos investigados ocurrieron durante su mandato presidencial, razón por la cual corresponde que el Estado asuma la defensa durante la etapa intermedia.
El contrato aprobado permitirá que la defensa se despliegue durante esta fase, sin cubrir aún la intervención en un eventual juicio oral, y se enmarca dentro de la figura de servicios especializados permitida por la normativa vigente.
Implicancias políticas y presupuestales
La asignación de S/ 291,600 a la defensa de un expresidente en funciones judiciales genera cuestionamientos sobre la transparencia y priorización del gasto público, especialmente en medio de medidas de austeridad que buscan reducir el déficit fiscal. La decisión también pone en debate el rol del Estado en la asistencia legal a altos funcionarios imputados por corrupción.
Entre las preguntas clave que plantea este caso se incluyen:
- ¿Es justificable que el Estado financie la defensa de un expresidente imputado por corrupción?
- ¿Cómo se garantiza la transparencia en los procesos de contratación directa en situaciones de emergencia o servicios especializados?
- ¿Qué impacto tiene este gasto en la percepción ciudadana sobre austeridad y uso de recursos públicos?