El exjefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, confirmó su decisión de postular al Congreso de la República en las próximas Elecciones Generales 2026. En entrevista con RPP, Colchado indicó que su motivación principal es enfrentar la corrupción y la aprobación de leyes que, según él, favorecen a la criminalidad.
“Hoy he decidido dejar mi institución, ya no intentar un regreso a la Policía y entrar a la carrera política. Yo quiero y voy a postular al Congreso porque ahí veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero”, afirmó Colchado.
Actualmente, el exjefe policial se encuentra evaluando los partidos políticos con los que podría afiliarse para concretar su candidatura.
Lucha contra leyes pro criminalidad y corrupción
Colchado señaló que una de las razones clave de su postulación es la existencia de leyes que, a su juicio, benefician a sectores vinculados al crimen organizado. Criticó también la permanencia de parlamentarios que hacen un mal uso de sus cargos para beneficio propio o familiar.
“No es posible que den estas leyes pro crimen, no es posible que condonen deudas a grandes empresas. ¿Cómo es posible que existan congresistas ‘corta uñas’, ‘mata perros’, que contraten a familiares, se suban los sueldos, elijan mal a los miembros del TC, JNJ, y reformen abusivamente el sistema de justicia para poner a fiscales y jueces de su entorno?”, sostuvo.
El mensaje de Colchado enfatiza la necesidad de recuperar la institucionalidad, reforzar el control sobre el Congreso y garantizar que los recursos estatales no se utilicen para favorecer intereses particulares o criminales.
Experiencia en seguridad ciudadana como base política
La trayectoria de Harvey Colchado en la Diviac, unidad especializada en crímenes complejos, será un eje central de su campaña. Según el exjefe policial, su experiencia le permite identificar las fallas del sistema legislativo y judicial que facilitan la impunidad de criminales y empresas que actúan fuera de la ley.
Colchado indicó que su paso a la política no significa un alejamiento de la seguridad ciudadana. Por el contrario, pretende utilizar su experiencia para promover leyes más estrictas contra la criminalidad y supervisar la labor de fiscales y jueces en casos de alto riesgo.
Evaluación de afiliación partidaria
El anuncio de candidatura viene acompañado de la decisión de evaluar qué partido político respaldará su postulación. Colchado aseguró que buscará una organización que coincida con sus intereses de combate a la corrupción y defensa de la ley, sin comprometer sus principios de transparencia y seguridad.
“La elección del partido es importante porque debo asegurar que mi plataforma política esté alineada con mis objetivos: combatir la criminalidad, frenar la corrupción y fortalecer la justicia”, explicó.
Contexto electoral y expectativas
Las Elecciones Generales 2026 presentan un escenario donde la inseguridad, la corrupción y las reformas judiciales están en la agenda central de los votantes. La candidatura de Colchado apunta a atraer electores preocupados por estos temas, especialmente aquellos que buscan un cambio en la forma en que los parlamentarios ejercen el poder y utilizan los recursos públicos.
Entre las preguntas clave que plantea esta candidatura están:
- ¿Cómo planea Colchado implementar sus políticas anticorrupción desde el Congreso?
- ¿Qué alianzas políticas buscará para garantizar el respaldo a su agenda legislativa?
- ¿Podrá su experiencia en seguridad ciudadana traducirse en eficacia política y legislativa?
Desafíos y próximos pasos
Harvey Colchado deberá concretar su afiliación partidaria y registrar oficialmente su candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Una vez formalizada, iniciará su campaña enfocada en seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y reforma judicial, temas que ha identificado como prioritarios en el Perú actual.
La expectativa es que su ingreso al Congreso pueda fortalecer la fiscalización de leyes y la transparencia institucional, especialmente en un contexto donde los ciudadanos exigen mayor control sobre las actividades de parlamentarios y funcionarios del Estado.