El Despacho Presidencial ha destinado una suma considerable de S/291 600 para cubrir los gastos de la defensa legal del expresidente Ollanta Humala, quien enfrenta un proceso penal por el caso Gasoducto Sur Peruano. Esta decisión, revelada a través de documentos obtenidos por RPP, se concretó mediante un proceso de contratación directa iniciado el pasado viernes, en medio de un contexto de medidas de austeridad fiscal implementadas por el propio Gobierno.
Los fondos serán utilizados para la asesoría y defensa de Humala Tasso en el proceso donde se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada. La contratación directa busca asegurar la representación legal del exmandatario en la etapa intermedia del juicio, que se lleva a cabo ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
Detalles de la Contratación y el Caso
El servicio legal contratado abarca una amplia gama de acciones, incluyendo la gestión de antecedentes y un análisis exhaustivo del caso, patrocinio y asesoramiento integral, así como la ejecución de actuaciones procesales y mecanismos de defensa. Además, contempla el asesoramiento y acompañamiento en todas las diligencias y audiencias requeridas durante esta fase crucial del proceso.
La noticia de esta asignación de fondos cobra especial relevancia al considerar que el proceso de contratación directa se inició apenas un día después de que el Gobierno emitiera un decreto de urgencia. Dicho decreto establecía “medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera que coadyuven a la austeridad y a la eficiencia del gasto público” para el año en curso. La justificación de estas medidas radicaba en que “el déficit fiscal anualizado se encuentra por encima de la meta fiscal para este año, en una situación donde los ingresos fiscales son menores a los estimados y el gasto público continúa incrementándose”.
El Gobierno había destacado que las disposiciones del decreto de urgencia permitirían el cumplimiento de las reglas fiscales a través de acciones que generaran mayor eficiencia y modularan el gasto público. Sin embargo, la asignación de casi S/300 000 para la defensa de un exmandatario en un caso de corrupción ha generado interrogantes sobre la aplicación de estas políticas de austeridad.
El Pedido de Humala y su Aprobación
Se conoció que Ollanta Humala solicitó formalmente al Ejecutivo la provisión de “asesoría y defensa legal” el 11 de agosto pasado. En ese momento, el expresidente ya había sido sentenciado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, en relación con los aportes ilícitos recibidos por su partido para las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
La Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial dio el visto bueno a la solicitud de Humala. Su argumento principal fue que los hechos imputados en el caso Gasoducto Sur Peruano ocurrieron mientras Humala Tasso ejercía como presidente de la República. Se le acusa de haber “favorecido de manera ilícita al Consorcio Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano”, interviniendo en decisiones que beneficiaron a la empresa mediante la suscripción de resoluciones supremas conjuntas con otros funcionarios, lo que habría causado un perjuicio económico al Estado.
En consecuencia, la referida oficina determinó la procedencia del beneficio de defensa y asesoría legal para solventar los costos del patrocinio en la etapa intermedia. Ocho días después de la solicitud de Humala, el 19 de agosto, Ysmael Mayuri Quispe, subsecretario general del Despacho Presidencial, emitió la Resolución N° 000075-2025-DP/SSG. Esta resolución declaró procedente la solicitud del exmandatario y dispuso que la Oficina General de Administración realizara las acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos, basándose en el beneficio concedido. Dicha resolución fue el fundamento para que el Despacho Presidencial iniciara el proceso de contratación directa de la defensa legal del expresidente.