El Poder Judicial puso punto final al polémico proceso de juicio político tramitado en el Congreso contra Salvador del Solar, quien fue presidente del Consejo de Ministros durante la disolución del Parlamento en 2019.
La Primera Sala Constitucional de Lima declaró fundada en parte la demanda de amparo presentada por el exfuncionario, y con ello anuló el procedimiento parlamentario al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales.
Una resolución que marca precedente
La decisión judicial, emitida este viernes, reconoce que el Congreso actuó de manera inconstitucional al continuar con un proceso político pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ya había delimitado los alcances de la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo en septiembre de 2019.
Aquel día, Del Solar acudió al Pleno para solicitar la confianza sobre la elección de magistrados del TC, lo que derivó en la disolución del Parlamento por parte del entonces presidente Martín Vizcarra, al considerar que la solicitud fue denegada de facto.
¿En qué se basó la anulación del juicio político?
Según la sentencia, el procedimiento vulneró el principio del debido proceso y el derecho a la defensa del ex primer ministro, pues se continuó con las denuncias constitucionales N.º 384, 400 y 466 pese a que el plazo de caducidad establecido por la Constitución ya había vencido.
Los argumentos de la defensa
Durante el proceso, la defensa legal de Salvador del Solar, encabezada por el abogado Luciano López, sostuvo que el Congreso de la República actuó de forma discriminatoria y arbitraria, al no aplicar el criterio de caducidad que sí se había considerado en otros casos similares.
“El juicio político no solo fue irregular, sino que desconoció pronunciamientos previos del Tribunal Constitucional que zanjaron la validez de la disolución de 2019”, explicó López durante las audiencias.
El abogado también subrayó que la acusación constitucional vulneró el principio de seguridad jurídica, ya que se basaba en hechos que habían sido objeto de control constitucional y político.
Pese a esos argumentos, el Parlamento continuó con el trámite hasta abril de 2024, cuando Del Solar expuso su defensa personal ante el Pleno.
Reconsideraciones y tensiones en el Congreso
Durante esa sesión, el Congreso votó inicialmente por declarar caducado el proceso, pero una reconsideración presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) revirtió la decisión y mantuvo el caso en suspenso.
Esta maniobra fue una de las razones que llevó al Poder Judicial a observar el procedimiento como irregular, al haberse modificado una decisión plenaria sin sustento jurídico suficiente.
El fallo judicial indica que la reconsideración “careció de motivación razonable y vulneró los principios de previsibilidad y coherencia de los actos parlamentarios”.
De esta manera, la Primera Sala Constitucional de Lima resolvió anular la totalidad del procedimiento, restableciendo los derechos vulnerados de Del Solar.
Reacción de Salvador del Solar
Tras conocerse la resolución, el ex primer ministro expresó su satisfacción en su cuenta de X (antes Twitter):
“Tarda pero llega. Este caso nunca debió existir. Nunca se debió admitir a trámite denuncias por un asunto ya zanjado por el TC. Tampoco se debió presentar acusación ante el pleno habiendo caducado el plazo. Hoy, la Justicia nos da la razón de forma contundente: todo fue nulo”, escribió Del Solar.
Con este fallo, el Poder Judicial da por cerrado un capítulo que simboliza uno de los momentos más críticos del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo durante el gobierno de Martín Vizcarra.
El caso también abre un nuevo precedente respecto a los límites del control político del Parlamento sobre actos de gobierno ya validados por instancias constitucionales.
Implicancias para el Congreso y la institucionalidad
La sentencia podría tener implicancias más amplias en el futuro, pues establece un precedente sobre los límites del juicio político y las garantías del debido proceso.
¿Podría afectar otros casos en trámite? Según expertos constitucionalistas, el fallo envía un mensaje directo al Parlamento: no puede reabrir ni reinterpretar decisiones ya resueltas por el Tribunal Constitucional.
Además, la resolución pone en evidencia los conflictos de interpretación sobre la cuestión de confianza, un tema que continúa generando tensiones entre los poderes del Estado desde 2019.
El propio Del Solar ha reiterado que su actuación se dio “en el marco de la Constitución” y que la decisión de disolver el Congreso fue una respuesta institucional a la obstrucción legislativa.
Un cierre judicial a una crisis política
El pronunciamiento judicial marca un cierre simbólico para el exjefe del Gabinete, quien desde su salida de la política activa ha mantenido un perfil bajo.
No obstante, su caso representa una advertencia sobre el uso del juicio político como herramienta de presión o revancha parlamentaria.
Con la anulación del proceso, Salvador del Solar queda exento de cualquier responsabilidad política derivada de su rol en la crisis de 2019, y el Congreso se enfrenta nuevamente a cuestionamientos por el uso irregular de sus facultades constitucionales.