La ex primera dama Nadine Heredia Alarcón, quien desde abril de este año goza de asilo diplomático en Brasil, presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una solicitud para anular toda cooperación judicial entre Perú y Brasil en el marco de las investigaciones derivadas del caso Odebrecht. La defensa de Heredia argumenta que las pruebas empleadas por la justicia peruana son ilícitas, pues habrían sido obtenidas sin autorización judicial de los sistemas internos de la constructora brasileña, Drousys y My Web Day.
Pedido ante el Supremo Tribunal Federal
Según medios brasileños, el pedido de Heredia busca que el STF determine que Brasil no puede participar ni avalar procesos judiciales extranjeros sustentados en evidencias obtenidas de manera irregular.
La defensa de la ex primera dama sostiene que “autorizar una acción cooperativa sería equivalente a cooperar con la continuación de un proceso penal basado en pruebas ilícitas”, citando criterios previos del propio Supremo Tribunal Federal sobre el uso de información filtrada de Odebrecht.
Hasta el momento, la solicitud aún no ha sido asignada formalmente dentro del STF, aunque se precisó que el caso no será evaluado por el ministro Dias Toffoli, quien intervino anteriormente en procesos relacionados con la validez de los datos de la constructora brasileña.
Cuestionamiento a la cooperación con el Perú
Los abogados de Heredia piden la nulidad de toda la cooperación internacional que permitió el intercambio de información entre las fiscalías de Brasil y Perú. Argumentan que los resultados obtenidos y compartidos carecen de autorización judicial brasileña y, por tanto, no pueden ser considerados válidos dentro de un proceso penal.
El planteamiento no solo apunta al caso de Heredia, sino que podría afectar la validez de múltiples investigaciones del caso Lava Jato en América Latina, en especial aquellas sustentadas en la data interna de Odebrecht que fue utilizada para probar sobornos, transferencias y financiamiento político ilegal.
Contexto judicial y asilo diplomático
En 2024, Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humala fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos, acusados de haber recibido aportes de la constructora Odebrecht y del entonces presidente venezolano Hugo Chávez durante las campañas de 2006 y 2011.
Sin embargo, en abril de 2025, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva concedió asilo diplomático a Heredia, impidiendo su extradición al Perú y bloqueando cualquier ejecución de la orden de captura en su contra.
Por su parte, Humala Tasso fue liberado bajo fianza, aunque continúa procesado por presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.
Impacto regional del caso Odebrecht
El caso Lava Jato —que destapó una red continental de corrupción vinculada a Odebrecht, Petrobras y diversos gobiernos latinoamericanos— fue la base de una serie de colaboraciones judiciales entre Brasil, Perú y otros países de la región.
La ofensiva legal de Heredia ante el STF podría redefinir el alcance de esa cooperación internacional, especialmente si la Corte Suprema brasileña concluye que los datos extraídos de los servidores de la constructora se obtuvieron sin garantías judiciales.
Fuentes jurídicas en Brasil advierten que un eventual fallo a favor de la ex primera dama podría tener efectos colaterales sobre las investigaciones de corrupción que aún siguen abiertas en Perú, Argentina y Colombia, donde se utilizaron las mismas bases de datos para sustentar acusaciones fiscales.