El Congreso de la República presentó una moción de Orden del Día para citar al canciller Hugo de Zela y que explique ante el Pleno los fundamentos jurídicos y diplomáticos de la ruptura de relaciones con México, tras el asilo político concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, procesada en el Perú por conspiración y rebelión.
¿Por qué se cita al canciller Hugo de Zela?
La iniciativa, impulsada por el congresista Edward Málaga y respaldada por cinco parlamentarios, busca que el ministro de Relaciones Exteriores detalle los motivos jurídicos y políticos detrás de la decisión del Ejecutivo, además de las implicancias internacionales del conflicto bilateral.
Según el documento, el asilo político concedido a Chávez vulneraría la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, que impide otorgar refugio a personas procesadas por delitos comunes. Sin embargo, México invocó el Artículo IV de la misma norma, argumentando persecución política contra la exjefa del Gabinete.
Fundamentos de la moción y evaluación diplomática
El Parlamento solicita que el canciller informe sobre cinco ejes principales: la cronología de los hechos, el análisis jurídico-diplomático del asilo, el impacto en la Alianza del Pacífico, las medidas consulares para ciudadanos peruanos y la posible demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La moción advierte que la ruptura con México podría afectar la cooperación multilateral y el flujo comercial, por lo que pide conocer las medidas de mitigación adoptadas por la Cancillería para proteger los intereses peruanos en el exterior.
Medidas consulares y repercusiones regionales
El Congreso también exige un informe sobre la atención a ciudadanos peruanos en México tras la suspensión diplomática. Esto incluye la emisión de documentos, la gestión de emergencias y posibles acuerdos con terceros países para mantener los servicios consulares.
Además, se busca precisar el trato recíproco hacia los ciudadanos mexicanos en el Perú, conforme a los principios del derecho internacional.
Posible acción ante la Corte Internacional de Justicia
La moción plantea la posibilidad de que el Perú lleve el caso a la CIJ, alegando un abuso de la figura del asilo político. Como antecedente, los legisladores citan el caso Haya de la Torre, resuelto por la Corte en el siglo XX, cuando se debatió el alcance del derecho de asilo en el contexto latinoamericano.
De proceder esta iniciativa, el Perú podría promover una revisión de la Convención de Caracas, con el objetivo de evitar que esta herramienta sea usada para proteger a procesados por delitos contra la democracia.
México defiende su decisión y rechaza injerencias
Por su parte, el gobierno mexicano rechazó las críticas del Congreso peruano y calificó su decisión como un acto humanitario legítimo respaldado por la ONU y el derecho internacional. A través de un comunicado, sostuvo que no hay injerencia en los asuntos internos del Perú y reafirmó su política de no intervención.
El 3 de noviembre, el canciller Hugo de Zela anunció la ruptura oficial de relaciones diplomáticas con México, intensificando una crisis que, según la moción, es consecuencia de una cadena de gestos hostiles desde la vacancia de Pedro Castillo.