Denuncia penal del Jurado Nacional de Elecciones
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra tres magistrados de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, a quienes acusa de desobedecer una medida cautelar del Tribunal Constitucional (TC).
Según el procurador público del JNE, Ronald Angulo Zavaleta, los jueces habrían incurrido en delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, previsto en el artículo 368 del Código Penal.
El conflicto se origina en el marco de una demanda competencial interpuesta por el JNE contra el Poder Judicial, que busca delimitar las atribuciones de cada entidad en materia de inscripción de partidos políticos y supervisión electoral.
¿Quiénes son los jueces denunciados por el JNE?
La denuncia penal involucra a los magistrados Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca, integrantes de la sala superior constitucional.
De acuerdo con el documento presentado por el procurador del JNE, los jueces desobedecieron deliberadamente una orden del Tribunal Constitucional, que suspendía los efectos de determinadas resoluciones judiciales sobre la inscripción de un partido político.
“Los magistrados insisten en ejecutar resoluciones suspendidas, pese a conocer que carecen de efectos legales. Este desacato vulnera directamente la decisión del TC”, se lee en la denuncia ingresada a la Fiscalía de la Nación.
¿Qué ordenó el Tribunal Constitucional?
El 7 de octubre, el Tribunal Constitucional otorgó al JNE una medida cautelar que dispuso suspender los efectos de las resoluciones judiciales que disponían la inscripción de una organización política.
El TC también estableció que ningún órgano judicial podía emitir fallos que interfieran con el cronograma electoral de las Elecciones Generales 2026, con el objetivo de resguardar la autonomía del sistema electoral y evitar “intromisiones indebidas” en el proceso.
Pese a ello, los jueces denunciados habrían continuado con la ejecución de las resoluciones, lo que el JNE considera un acto de desacato a la autoridad del TC.
Implicancias y contexto del conflicto institucional
El JNE pidió a la Fiscalía de la Nación iniciar investigación preliminar y ejercer la acción penal correspondiente contra los magistrados implicados.
La denuncia marca un nuevo capítulo en la pugna entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial, una disputa que viene escalando en medio de la preparación de los comicios generales de 2026.
La controversia pone en evidencia el delicado equilibrio entre el control judicial y la autonomía de los organismos constitucionales, especialmente en un año preelectoral donde la independencia del JNE resulta clave para garantizar la transparencia del proceso.
El Tribunal Constitucional cumple aquí un papel de árbitro institucional, encargado de definir los límites de las competencias entre ambos poderes, un fallo que sentará precedente sobre el alcance del control judicial en materia electoral.