El Poder Judicial dispuso que la empresa Rutas de Lima S.A.C. suspenda inmediatamente el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, en el tramo sur de la Panamericana, “bajo apercibimiento de aplicarse sanciones de multa consecutiva en caso de incumplimiento”. La medida judicial busca hacer cumplir la sentencia que había ordenado detener el cobro, tras una prolongada controversia entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la concesionaria.
Un nuevo revés judicial para Rutas de Lima
La resolución fue emitida luego de que Rutas de Lima retomara el cobro de peajes, alegando que su apelación ante el Poder Judicial suspendía los efectos de la sentencia anterior. La empresa argumentó que, conforme a ley, una decisión judicial no ejecutoriada carece de efecto definitivo hasta que sea revisada por una instancia superior.
Sin embargo, el tribunal desestimó esa interpretación y ordenó cumplir de inmediato la suspensión del cobro, reiterando que la concesionaria no puede ejercer funciones de recaudación mientras esté en trámite el proceso judicial que cuestiona la legalidad del contrato.
La disposición del Poder Judicial busca garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias, frente a lo que calificó como un acto de “resistencia” por parte de la empresa, que había retomado el cobro el pasado 4 de noviembre.
Argumentos de Rutas de Lima
Tras conocerse el fallo, la concesionaria emitió un comunicado indicando que había suspendido temporalmente el cobro en el tramo sur “en resguardo de la seguridad de sus trabajadores y usuarios”, mientras evalúa sus próximos pasos legales.
“Como fue informado previamente, luego de ser notificada con la referida decisión judicial, RDL procedió ese mismo día a suspender el cobro de peajes en todas las estaciones del tramo sur”, señaló la empresa, calificando el fallo como una medida “arbitraria”.
La compañía, controlada por el fondo canadiense Brookfield Infrastructure Partners, mantiene desde hace años un conflicto legal con la Municipalidad de Lima sobre la validez de las tarifas y la ejecución del contrato de concesión suscrito durante la gestión de Susana Villarán. Dicho contrato ha sido cuestionado en instancias judiciales y arbitrales por presuntos actos de corrupción y perjuicio económico al Estado.
Municipalidad de Lima: “Se vulneraron derechos fundamentales”
La Municipalidad de Lima reaccionó duramente ante la reanudación del cobro, señalando que la medida vulneraba los derechos fundamentales de los ciudadanos. En un comunicado, la comuna calificó de “inaceptable” la decisión de Rutas de Lima de persistir en acciones contrarias a un mandato judicial.
“Resulta inaceptable que, pese a la evidente vulneración de derechos fundamentales, Rutas de Lima persista en dichas acciones en lugar de corregirlas”, indicó la MML.
Asimismo, el municipio metropolitano anunció que interpondrá nuevas acciones legales para garantizar el cumplimiento de la sentencia y evitar que los usuarios sean obligados a pagar tarifas que actualmente carecen de sustento jurídico.
“La MML es respetuosa de los fallos judiciales, así como de la inversión privada, justa y honesta; sin embargo, ante este nuevo atropello procederemos a interponer las acciones legales correspondientes”, precisó la comuna.
¿Qué implica la decisión judicial?
La orden del Poder Judicial refuerza la suspensión de los cobros en las estaciones de Villa y Punta Negra, tramos que conectan Lima con los distritos del sur. Estas casetas concentran miles de vehículos diarios, y su cierre temporal tiene un impacto económico directo en la concesionaria, que alega pérdidas millonarias por la paralización.
De incumplirse la medida, Rutas de Lima podría ser sancionada con multas progresivas y nuevas acciones coercitivas, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.
El caso forma parte de una larga disputa legal en torno al contrato de concesión de la Vía de Evitamiento y la Panamericana Sur, firmado en 2013, y que ha sido objeto de investigaciones por presuntos sobornos de la constructora OAS a funcionarios municipales de la gestión Villarán, actualmente procesada por corrupción.
Contexto: un conflicto de años
La controversia entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima ha pasado por arbitrajes internacionales, demandas civiles y acciones de amparo. En 2023, el Poder Judicial ya había dictado una medida cautelar que suspendía temporalmente el cobro, considerando que el contrato era lesivo al interés público.
La decisión más reciente reafirma esa posición, marcando un nuevo precedente en el enfrentamiento entre el municipio y la concesionaria, que sigue reclamando la vigencia plena de su contrato y la legitimidad de las tarifas pactadas.
Mientras tanto, los conductores y vecinos del sur de Lima celebraron la medida judicial, calificándola como “una victoria ciudadana frente a un cobro injusto”. No obstante, la empresa no descarta acudir a instancias internacionales para reclamar una indemnización por lo que considera un incumplimiento del Estado peruano.