La inseguridad se ha convertido en un costo operativo más para miles de microempresarios en el Perú. Según estimaciones de la Federación Peruana de Cajas Municipales (Fepcmac), los emprendedores destinan hasta el 30% de sus ingresos a reforzar la seguridad de sus negocios, mientras que los pagos por extorsión pueden alcanzar S/600 semanales.
El impacto económico es severo: cerca de siete de cada diez microempresarios víctimas de extorsión optan por pagar al delincuente antes que cumplir sus deudas financieras, lo que ha elevado los índices de morosidad en el sistema de microfinanzas.
“Del total de dinero que pueden ganar los microempresarios, el 30% lo dedican al pago de cupo”, indicó Javier Bereche, presidente del directorio de Caja Piura, con base en sondeos internos. Los montos, añadió, oscilan entre S/100 y S/500 semanales.
Extorsión y miedo: el costo de seguir trabajando
El fenómeno ha obligado a muchos emprendedores a cerrar temporalmente o reducir sus operaciones, ante el temor de ataques directos.
“De cada diez microempresarios, entre seis y siete son extorsionados”, advirtió Carlos Vilchez, vicepresidente del directorio de Caja Trujillo.
Las cajas municipales constatan que la violencia y el cobro de cupos afectan la capacidad de pago de sus principales clientes. La Fepcmac calcula que las mypes pierden más de S/6,000 millones al año por extorsiones.
A ello se suma la necesidad de invertir en vigilancia, cámaras, puertas metálicas, cercos eléctricos y blindaje, gastos que —según Bereche— se han vuelto “obligatorios para sobrevivir en un entorno criminalizado”.
Crédito en riesgo y aumento de la informalidad
La Federación proyecta que, entre este año y el próximo, el sistema de microfinanzas dejaría de otorgar hasta S/10,000 millones en préstamos a mypes debido a la inseguridad.
De los microempresarios que perderían acceso al crédito formal, solo uno de cada cinco podría recurrir a recursos propios. El resto se ve forzado a acudir al sistema informal, donde operan prestamistas bajo esquemas como el “gota a gota”, o incluso a abandonar su emprendimiento para buscar empleo en otros sectores.
“Muchos empresarios que se declararon en quiebra por la extorsión siguen operando, pero en la informalidad”, advirtió Bereche.
Desde Caja Maynas, su presidente Luis Alegría agregó que la violencia también ha llevado a los emprendedores a reducir inventarios o a cambiar de rubro para evadir a los delincuentes, especialmente en regiones como Loreto, San Martín y Ucayali, donde el crimen organizado ha ganado terreno.
Un impuesto criminal
La extorsión se ha convertido en una carga sistemática para las mypes, un “impuesto criminal” que amenaza la sostenibilidad del emprendimiento y el empleo en el país.
Pese a las reiteradas alertas del sistema de microfinanzas, las autoridades no han implementado medidas efectivas para contener la ola de violencia que golpea al sector más dinámico de la economía peruana.
“El problema no es solo financiero. Es la subsistencia del negocio”, resumió Pedro Talledo, gerente de negocios de Caja Paita. “Aunque usen sus propios fondos, igual los van a extorsionar”.