En una nueva acción de vigilancia ambiental, la Fiscalía de la Nación, a través del coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza Altamirano, realizó un sobrevuelo de reconocimiento sobre áreas críticas de la Amazonía peruana, donde la minería ilegal, la tala indiscriminada y los cultivos ilícitos de hoja de coca avanzan sobre los ecosistemas más frágiles del país.
La actividad formó parte del proyecto “Fortalecimiento de la Gobernabilidad en áreas estratégicas de la Amazonía”, impulsado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), con el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Gobierno Regional de Amazonas y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).
Un vuelo sobre el corazón de la selva
El operativo incluyó el sobrevuelo de las provincias de Condorcanqui (Amazonas) y Datem del Marañón (Loreto), abarcando los ríos Marañón, Santiago y Cenepa, donde las autoridades constataron el deterioro ambiental causado por la expansión de actividades ilícitas.
Desde el aire, se observaron extensas zonas deforestadas, cauces alterados por dragas y campamentos mineros ilegales a lo largo de las riberas. El fiscal Almanza señaló que “la Amazonía enfrenta una amenaza silenciosa pero devastadora, y el Estado no puede permanecer indiferente ante el avance de estas economías criminales que destruyen el bosque y vulneran derechos humanos”.
Delitos ambientales en expansión
La minería ilegal continúa siendo uno de los principales motores del crimen ambiental en la selva norte. Según datos de la propia FEMA, en regiones como Amazonas y Loreto se han identificado corredores fluviales usados por mafias para transportar maquinaria pesada y combustible hacia las zonas mineras clandestinas.
Además, los cultivos ilegales de hoja de coca han crecido en las últimas temporadas, desplazando a comunidades nativas y generando conflictos socioambientales. A ello se suma la tala ilegal, que no solo afecta la biodiversidad, sino que alimenta una red de contrabando de madera con destino a los mercados nacionales e internacionales.
¿Por qué la Amazonía peruana sigue siendo vulnerable?
Según el Ministerio Público, la falta de presencia estatal, la debilidad institucional y la corrupción local permiten que los delitos ambientales se consoliden como parte de una economía paralela difícil de erradicar.
Un esfuerzo conjunto por la gobernabilidad ambiental
La iniciativa de la FCDS Perú busca fortalecer la gobernanza en las zonas de frontera amazónica, donde los delitos ambientales suelen vincularse con el narcotráfico, la minería informal y la trata de personas. Durante el sobrevuelo, los representantes del SERNANP y la DICAPI pudieron verificar la cercanía entre campamentos ilegales y áreas naturales protegidas.
“Esta operación no solo es simbólica, sino estratégica. Nos permite identificar en tiempo real los puntos críticos y actuar con rapidez”, comentó Almanza. El fiscal destacó además la necesidad de “una articulación interinstitucional permanente que no se quede en visitas aisladas, sino que consolide una política pública efectiva de control ambiental”.
La mirada de la Fiscalía y la urgencia del Estado
El recorrido sirvió también para registrar evidencia visual que alimentará futuras investigaciones y acciones fiscales. El Ministerio Público ha anunciado que reforzará su presencia en zonas vulnerables mediante el despliegue de fiscales itinerantes especializados en materia ambiental.
Para Almanza, “la protección de la Amazonía es una tarea de todos, y requiere no solo sancionar a los responsables, sino también prevenir el delito, empoderar a las comunidades y garantizar alternativas económicas sostenibles”.
¿Cuál es el impacto real de la minería ilegal en la Amazonía peruana?
Según estudios recientes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), más de 1,200 hectáreas fueron deforestadas solo en 2024 en zonas de frontera, afectando ecosistemas críticos y fuentes de agua.
Compromiso institucional
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) reafirmó su compromiso de continuar realizando acciones conjuntas con entidades públicas y privadas para combatir el crimen ambiental en todas sus modalidades. La colaboración con la FCDS Perú busca consolidar una red de vigilancia ecológica y fortalecer la presencia del Estado en territorios donde la ilegalidad avanza más rápido que la ley.
En los próximos meses, se prevé extender este tipo de sobrevuelos a otras regiones críticas como Madre de Dios, Ucayali y San Martín, donde la presión sobre los bosques tropicales también es alarmante.
Una Amazonía bajo asedio
La Amazonía peruana, considerada una de las regiones más biodiversas del planeta, enfrenta una crisis ambiental y social que amenaza su equilibrio ecológico y cultural. La intervención de la Fiscalía marca un paso importante hacia la visibilización del problema, aunque los expertos advierten que el reto va más allá de la fiscalización: implica una transformación estructural en la gestión del territorio.
La presencia del fiscal Frank Almanza en el sobrevuelo no solo tuvo un valor operativo, sino también político, al enviar un mensaje claro de que la Fiscalía de la Nación asume su papel en la lucha contra los delitos ambientales y la defensa de los derechos de las comunidades amazónicas.