Fiscalía y Policía Anticorrupción investigan intervención en Arequipa
El circo La Tarumba, reconocido a nivel nacional por su propuesta artística y educativa, fue intervenido este martes en Arequipa por agentes de la Policía Anticorrupción y representantes de la Fiscalía Especializada, luego de una denuncia que advertía sobre el presunto uso indebido de personal del Ejército peruano para tareas privadas.
La acción fiscal se realizó en las instalaciones del circo ubicadas en Vallecito, Cercado de Arequipa, donde La Tarumba había culminado recientemente su temporada de presentaciones. De acuerdo con información inicial, al menos 25 soldados habrían sido trasladados desde el cuartel Mariano Bustamante, en el distrito de Mariano Melgar, para participar en el desmontaje de la carpa principal, vestidos incluso con polos con el logotipo de la compañía circense.
Las autoridades buscan esclarecer si los militares actuaron bajo una orden formal, un convenio institucional, o si se trató de un uso irregular de personal público en beneficio privado, lo que podría configurar un delito de peculado o abuso de autoridad.
Soldados trasladados y diligencias en curso
Tras la intervención, los efectivos del Ejército involucrados fueron trasladados a la sede de la División de Investigación de Delitos de Corrupción de Funcionarios, donde prestaron declaraciones sobre las circunstancias del traslado y las órdenes recibidas.
Fuentes policiales informaron que el Ministerio Público viene evaluando la documentación presentada por los representantes del circo y del Ejército, con el fin de verificar si existió alguna autorización formal o si el desplazamiento se efectuó de manera irregular.
La Fiscalía Anticorrupción de Arequipa dispuso la apertura de diligencias preliminares y la recopilación de material audiovisual, fotografías y declaraciones de testigos que estuvieron presentes durante el desmontaje. Se prevé que las investigaciones se amplíen para determinar si hubo responsabilidades administrativas o penales de oficiales o gestores vinculados al hecho.
La Tarumba se pronuncia
A través de un breve comunicado difundido en redes sociales, La Tarumba señaló que colabora con las investigaciones y que el desmontaje de la carpa formaba parte del cierre de su temporada en Arequipa. La empresa negó haber solicitado el apoyo de personal militar, aunque indicó que evaluará internamente las versiones difundidas.
“Estamos prestando todas las facilidades para que las autoridades realicen las verificaciones necesarias. Nuestra institución siempre ha trabajado dentro del marco legal y con estricto respeto a los valores éticos que nos caracterizan”, señaló la productora.
Cuestionamientos al uso de recursos públicos
El caso ha generado reacciones en redes sociales y en la opinión pública, debido a que el uso de personal militar en actividades privadas está prohibido por la Ley de Recursos Humanos en las Fuerzas Armadas, salvo en situaciones de emergencia o en el marco de convenios institucionales transparentes.
Especialistas consultados en temas de ética pública advirtieron que, si se comprueba que hubo una orden directa sin autorización ministerial, se trataría de una falta grave que comprometería tanto a los mandos del Ejército como a la organización beneficiada.
Mientras tanto, el Ejército del Perú no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, aunque se espera que la Inspectoría General inicie una investigación interna para identificar a los responsables del traslado y determinar si se incumplieron normas de disciplina o de uso de recursos del Estado.
Investigación abierta en Arequipa
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios mantiene abierta la investigación y no descarta incluir a oficiales superiores o a representantes de la empresa circense si se detectan responsabilidades penales.
El incidente se suma a una serie de casos recientes en los que instituciones del Estado han sido cuestionadas por el uso indebido de personal o recursos públicos en tareas privadas, lo que refuerza el llamado de la Contraloría General de la República a garantizar transparencia y control en el uso del personal militar.