Una nueva controversia sacude el sistema de justicia peruano. La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima anunció que no acatará la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba paralizar la acción de amparo interpuesta por el partido Unidad Popular contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El caso gira en torno a la negativa del JNE de permitir la participación de la agrupación política en las Elecciones Generales 2026, lo que motivó la demanda presentada por el partido.
Según el pronunciamiento de los magistrados, el TC habría excedido sus competencias al interferir en un proceso aún en trámite dentro del Poder Judicial. “El Tribunal Constitucional no puede ver ni resolver causas en trámite ni interferir en las funciones del Poder Judicial”, señala la resolución. Además, agregan que “la demanda competencial no es un recurso impugnatorio privilegiado”, lo que impide que el TC intervenga de manera directa en un caso no concluido.
Unidad Popular busca participar en las Elecciones 2026
La controversia se origina en la decisión del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, que el 25 de julio pasado ordenó al JNE inscribir de manera inmediata al partido Unidad Popular en el Registro de Organizaciones Políticas, habilitándolo para participar en los próximos comicios nacionales.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional decidió suspender los efectos de dicha medida, al considerar que vulneraba las competencias del máximo órgano electoral del país.
El partido Unidad Popular, liderado por José Vega Antonio, sostiene que el JNE actuó de manera arbitraria al negar su inscripción pese a que, según argumenta, cumplió con todos los requisitos establecidos por ley. Esta disputa judicial tiene implicancias políticas directas, pues definirá si la agrupación podrá competir en los comicios presidenciales y parlamentarios del 2026.
El TC en conflicto con la independencia judicial
La decisión de los jueces constitucionales de mantener la tramitación del amparo marca un inusual desafío institucional. En su pronunciamiento, los magistrados afirman que la actuación del TC vulnera el principio de independencia judicial, al intentar intervenir en un proceso bajo competencia del Poder Judicial.
“Cualquier interferencia o paralización dictada fuera del marco legal afecta la autonomía judicial y la separación de poderes”, sostienen los jueces de la Sala Constitucional de Lima.
Esta posición reaviva el debate sobre los límites de competencia entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, un tema que ha generado fricciones recurrentes en los últimos años, especialmente en casos con connotación política o electoral. Expertos consultados señalan que esta situación podría derivar en un conflicto de competencias formal entre ambas instituciones.
Antecedentes del conflicto
El enfrentamiento entre el TC y el Poder Judicial no es nuevo. En ocasiones anteriores, el máximo intérprete de la Constitución ha intervenido en causas en trámite, generando tensiones sobre su rol dentro del equilibrio de poderes.
En este caso, el Tribunal Constitucional emitió una medida de suspensión de procesos judiciales relacionados con la inscripción de partidos políticos, argumentando que debía resolverse previamente la demanda competencial presentada por el Jurado Nacional de Elecciones.
No obstante, la Primera Sala Constitucional de Lima consideró que tal disposición carece de sustento legal, por lo que continuará evaluando el fondo del amparo presentado por Unidad Popular.
Implicancias políticas y jurídicas
La decisión del juzgado constitucional mantiene viva la disputa electoral de cara a los comicios del 2026. Si se confirma la sentencia de julio, Unidad Popular podría ser reincorporado al registro electoral, lo que representaría un precedente en materia de control judicial sobre las decisiones del JNE.
Por otro lado, si el Tribunal Constitucional insiste en la suspensión del proceso, el conflicto podría escalar a una controversia institucional sin precedentes, reavivando el debate sobre la autonomía del sistema de justicia frente al máximo órgano constitucional del país.
Mientras tanto, el JNE mantiene firme su posición de no habilitar la inscripción del partido, señalando que la decisión judicial inicial invadía competencias exclusivas del sistema electoral.
¿Qué podría pasar ahora?
Fuentes judiciales indican que el Tribunal Constitucional podría emitir un nuevo pronunciamiento en los próximos días para reafirmar su autoridad y exigir el cumplimiento de su resolución. Sin embargo, si la Sala Constitucional persiste en su decisión, el caso podría escalar a una disputa de alto nivel entre las cabezas del TC y el Poder Judicial.
El desenlace de este enfrentamiento marcará un precedente clave sobre la relación entre justicia ordinaria y justicia constitucional, y podría influir directamente en el escenario político previo a las elecciones generales de 2026.