El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, respaldó la decisión del Poder Judicial que ordenó la suspensión del cobro de peajes en los puntos de Villa y Punta Negra, administrados por la empresa Rutas de Lima S.A.C., calificándola como “un día de reivindicación del derecho a la libertad de tránsito”.
Durante una conferencia de prensa en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Reggiardo señaló que los ciudadanos estaban obligados a pagar tarifas elevadas por un servicio deficiente, con vías en mal estado, largas colas y escaso mantenimiento. Afirmó que la medida representó un avance para recuperar el control en favor de los limeños.
Suspensión de cobros por decisión judicial
La medida judicial fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, que actuó como juez constitucional. La suspensión respondió a una demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar el 14 de marzo de 2024, alegando vulneración del derecho fundamental al libre tránsito.
El fallo declaró fundada en parte la demanda y ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro en ambos puntos, bajo apercibimiento de sanciones con multas sucesivas en caso de incumplimiento.
Cuestionamientos al contrato de concesión
El abogado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Wilber Medina, señaló que el contrato de concesión se otorgó sin cumplir con la exigencia legal de contar con una vía alterna, conforme a la Ley N.º 15763 de 1965. Además, vinculó la firma del contrato con presuntos actos de corrupción durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.
El Contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima, suscrito el 9 de enero de 2013 entre la municipalidad y Rutas de Lima, tenía un plazo de 30 años y comprendía tramos de la Panamericana Norte, el Intercambio Vial de acceso a Ancón y el intercambio vial a desnivel Habich.
Rutas de Lima inició proceso de disolución
El 30 de septiembre, Rutas de Lima anunció que su Junta General de Accionistas acordó iniciar el proceso de disolución y liquidación conforme a la Ley General de Sociedades. La empresa atribuyó la decisión a supuestos actos de hostigamiento por parte de la Municipalidad de Lima.
La medida judicial y la reacción del alcalde marcaron un punto de tensión en la gestión de peajes en Lima, generando debate sobre concesiones, transparencia y derechos ciudadanos.
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