La criminalización de líderes indígenas vuelve a encender las alarmas en la selva central. El dirigente asháninka Fabián Antúnez Camacho, presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), enfrenta un proceso judicial por los delitos de secuestro y homicidio calificado, tras liderar una protesta en 2023 para exigir justicia por los asesinatos cometidos por el narcotráfico.
La información fue publicada originalmente por INFOREGION, medio especializado en temas ambientales y amazónicos.
La movilización en Puerto Ocopa, ocurrida en abril de 2023, fue una respuesta al asesinato del líder histórico Santiago Contoricón y a la falta de acción del Estado frente a la violencia criminal. Sin embargo, la Fiscalía de Satipo, en lugar de perseguir a los responsables materiales, centró su investigación en Antúnez, convirtiéndolo en el principal acusado.
Una acusación debilitada por contradicciones
El expediente N.º 01440-2023-0-3406-JR-PE-01, a cargo del fiscal Rolly Ronald Rivera Medrano, revela una investigación llena de inconsistencias.
Primero, la tesis inicial —formalizada mediante la Disposición N.º 09-2023— afirmaba que ronderos retuvieron a cuatro civiles desaparecidos y que Antúnez habría ordenado su desaparición desde un convento donde se hospedaba.
Sin embargo, un testimonio clave cambió el rumbo del caso. La hermana franciscana responsable del albergue declaró bajo juramento que las puertas del convento se cerraban con llave y que «nadie buscó a Antúnez esas noches», desmintiendo la versión fiscal. Pese a ello, el Ministerio Público modificó la acusación con la Disposición de Aclaración Jurídica N.º 25-2025, atribuyéndole “autoría no ejecutiva”, una figura que criminaliza el liderazgo y no la acción directa.
Un juicio que ignora la cosmovisión indígena
Especialistas en derechos humanos, como la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, consideran que este caso evidencia un grave desencuentro cultural en la justicia peruana.
«Ningún líder indígena actúa solo. Las decisiones se toman en asamblea, con mandatos comunitarios», señaló Pérez Tello. «Si se acusa a Fabián, habría que acusar a toda la comunidad», añadió, subrayando la falta de comprensión de la estructura colectiva en la toma de decisiones amazónica.
De igual forma, el investigador José Saldaña advirtió que esta práctica ya se ha visto en procesos emblemáticos como el “Baguazo” (2009) y el caso Walter Aduviri (2019), donde la Fiscalía cambió las figuras penales para mantener la persecución contra los líderes.
Defender el bosque se volvió un delito
Fabián Antúnez no solo ha sido un dirigente visible, sino también un defensor ambiental reconocido. Desde la CART, impulsó la titulación de ocho comunidades, promovió servicios básicos y lideró operativos comunales contra el narcotráfico, llegando incluso a incautar una tonelada de cocaína en 2021 en el río Tambo.
El exministro del Interior Rubén Vargas calificó la acusación como una «represalia por haber hecho lo correcto». “Antúnez y su comunidad hicieron más por la erradicación del narcotráfico que muchas operaciones oficiales”, afirmó Vargas.
Mientras tanto, el líder asháninka permanece en la clandestinidad, y las familias aún preguntan: “¿Dónde están los desaparecidos y quién los mató?”. La justicia, una vez más, parece mirar hacia otro lado, castigando a quien defendía el patrimonio natural del país.