El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mi Perú obtuvo siete meses de prisión preventiva contra Brayan Peña, imputado por el delito de hurto agravado en agravio de una niña de apenas tres años de edad.
El caso, que generó conmoción en la zona norte del Callao, evidencia la respuesta inmediata del sistema judicial frente a los delitos cometidos contra menores.
La información fue difundida por el Distrito Fiscal de Lima Noroeste, que detalló que el hecho ocurrió en el distrito de Mi Perú, cuando la menor se encontraba jugando con un teléfono celular frente a su vivienda. Aprovechando el descuido, el acusado se acercó y le arrebató el dispositivo antes de huir del lugar.
Reacción de la familia y captura del responsable
El hermano mayor de la víctima fue testigo del robo y alertó de inmediato a su madre, quien denunció el hecho ante la Policía Nacional. Gracias a la rápida intervención de los agentes, se logró ubicar y detener al sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.
En la audiencia, el fiscal adjunto provincial Jorge Ricardo del Castillo Navarro sustentó los elementos de convicción necesarios para justificar la medida restrictiva de libertad, entre ellos el riesgo de fuga del imputado y la gravedad del delito cometido contra una menor de edad.
Delito de hurto agravado y protección de menores
El hurto agravado está tipificado en el Código Penal peruano y contempla penas severas cuando la víctima es un menor. En este caso, el fiscal argumentó que la conducta del acusado no solo constituye un delito patrimonial, sino también una afectación directa a los derechos fundamentales de la niña.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de vulneración, especialmente en delitos cometidos con violencia o aprovechamiento de su indefensión.
Medida preventiva de siete meses
Con base en los argumentos presentados, el Poder Judicial dispuso siete meses de prisión preventiva contra Brayan Peña, tiempo durante el cual la Fiscalía continuará las investigaciones para determinar la sanción definitiva.
El caso se suma a otros procesos impulsados por la Fiscalía de Lima Noroeste, que refuerza su política de persecución penal en defensa de las víctimas más vulnerables.