El primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, informó que la Mesa Directiva del Parlamento aún no ha recibido la notificación oficial del Poder Judicial sobre la sentencia contra el congresista Guillermo Bermejo Rojas, quien fue condenado a 15 años de prisión por el delito de filiación terrorista.
Rospigliosi explicó que, hasta que el documento judicial llegue formalmente al Congreso, la Mesa Directiva no puede adoptar una posición ni emitir pronunciamiento. Según señaló, la decisión final se tomará en base a criterios jurídicos, respetando las leyes vigentes y el Reglamento del Congreso de la República.
“La Mesa Directiva se va a reunir para tomar una decisión al respecto. Hay opiniones encontradas, pero el espíritu de la ley y del Reglamento del Congreso es que el partido que llevó a un congresista con esas características sea castigado y que no se ocupe la curul. Es lo que se llama la silla vacía”, precisó el parlamentario.
La sentencia contra Guillermo Bermejo y la figura de la “silla vacía”
El legislador Guillermo Bermejo Rojas fue sentenciado a 15 años de prisión efectiva por el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, al ser hallado culpable del delito de afiliación a una organización terrorista, en referencia a su presunta vinculación con remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem.
El fallo, que aún debe ser notificado oficialmente al Congreso, abre un debate jurídico y político sobre el futuro de la curul de Bermejo, así como sobre la aplicación de la figura conocida como “silla vacía”, mecanismo mediante el cual un escaño parlamentario queda sin reemplazo cuando el congresista titular es condenado por delitos graves vinculados al terrorismo o al narcotráfico.
De confirmarse la sentencia y aplicarse esta figura, el partido político que llevó a Bermejo al Congreso perdería el derecho a reemplazarlo, dejando el número total de congresistas en 129. Este precedente podría impactar en la representación parlamentaria de su bancada y en la correlación de fuerzas políticas dentro del Legislativo.
Rospigliosi enfatizó que la Mesa Directiva evaluará el tema con prudencia y respaldo legal, evitando adelantar juicios o decisiones precipitadas. “No vamos a actuar en función de presiones mediáticas o políticas. La decisión se tomará conforme a derecho”, añadió.
Posiciones encontradas en el Congreso
Las declaraciones de Rospigliosi se producen en medio de un debate interno en el Parlamento, donde algunos legisladores exigen una respuesta inmediata ante la sentencia, mientras otros consideran que el Congreso debe esperar el trámite formal.
Voceros de diferentes bancadas han manifestado su preocupación por el precedente que podría sentarse con el caso de Bermejo. Algunos parlamentarios de oposición sostienen que la silla vacía debe aplicarse de inmediato, mientras que otros advierten que cualquier decisión anticipada podría ser considerada inconstitucional si no media la notificación judicial correspondiente.
El área legal del Congreso ha sido instruida para analizar las implicancias de la sentencia y preparar un informe técnico que oriente a la Mesa Directiva en su próxima sesión.
El caso Lucinda Vásquez y la ética parlamentaria
En otro momento, Fernando Rospigliosi se refirió al caso de la congresista Lucinda Vásquez, denunciada por supuestamente emplear a trabajadores de su despacho en labores domésticas personales, según un reportaje difundido por un programa dominical.
El primer vicepresidente del Parlamento calificó los hechos como “repudiables” y pidió una investigación exhaustiva por parte de la Comisión de Ética Parlamentaria.
“Es repudiable lo que ha ocurrido. Ese tipo de cosas son dignas de muchas críticas. Eso no debería ocurrir en el Congreso, y las personas que cometen esos actos deben ser sancionadas”, señaló.
Rospigliosi remarcó que la humillación laboral a los trabajadores del Congreso es inaceptable y que debe servir como ejemplo para fortalecer los mecanismos de control interno. “Es una humillación para los trabajadores del Congreso ser empleados en ese tipo de menesteres, que no son propios de su función. Es muy repudiable lo que ha hecho esa congresista”, agregó.
Asimismo, precisó que cualquier sanción debe pasar por las instancias correspondientes: “La población debe entender que en el Congreso las sanciones pasan por las comisiones respectivas y la decisión de los doce grupos parlamentarios”.
La Mesa Directiva en un contexto de tensiones institucionales
El pronunciamiento de Rospigliosi ocurre en un momento delicado para la imagen del Congreso de la República, golpeado por escándalos, denuncias éticas y tensiones con el Ejecutivo. La conducción de la Mesa Directiva, que actualmente lidera Alejandro Soto y tiene a Rospigliosi como vicepresidente encargado, busca mostrar prudencia institucional frente a los casos judiciales y disciplinarios que involucran a legisladores.
El exministro del Interior y actual parlamentario de Fuerza Popular ha insistido en la necesidad de que el Congreso actúe “con transparencia y dentro del marco constitucional”, evitando decisiones que puedan ser interpretadas como revanchismo político o injerencia en el Poder Judicial.
La decisión sobre el futuro de Guillermo Bermejo marcará un precedente relevante no solo para el actual periodo legislativo, sino también para la relación entre el Congreso y el Poder Judicial. La autonomía de poderes y el respeto al debido proceso son ahora los argumentos centrales que defiende la Mesa Directiva ante la opinión pública.
Perspectivas políticas
Analistas consultados por Caretas.pe señalan que la posición de Rospigliosi busca mantener una línea institucional, pero también evitar fracturas internas dentro del Congreso. “Este es un tema político tanto como jurídico. La manera en que el Parlamento reaccione ante la sentencia de Bermejo dirá mucho sobre su compromiso con la legalidad y con la rendición de cuentas”, opinó el politólogo Carlos León.
Por otro lado, organizaciones civiles y colectivos de víctimas del terrorismo han exigido una reacción firme y ejemplar del Congreso. “No basta esperar. El Parlamento debe pronunciarse con claridad frente a quienes tienen vínculos con el terrorismo”, señaló Rosa Agüero, vocera de la Asociación por la Paz y la Memoria del Perú.
Mientras tanto, la Mesa Directiva deberá decidir si aplica la silla vacía, convoca a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o espera que la sentencia quede consentida y notificada formalmente. Cualquiera de estas decisiones tendrá repercusiones políticas directas en el equilibrio del Legislativo.