Viajes de menores: autorización notarial unilateral
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Flavio Cruz Mamani (PL), aprobó el dictamen de los Proyectos de Ley 03998/2022-CR y 5871/2023-CR, que busca regular la autorización notarial de viaje de menores. La propuesta modifica el artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes, estableciendo supuestos específicos para que la autorización pueda ser unilateral.
Según el dictamen, esta medida procede cuando el menor participe en actividades artísticas, culturales, científicas o tecnológicas, siempre que cuenten con reconocimiento acreditado y valor formativo para su desarrollo integral. El notario deberá verificar documentos como la partida de nacimiento, DNI, pasaporte vigente y boletos de viaje, prohibiéndose su uso para cambios de residencia permanente.
Durante el debate, congresistas advirtieron sobre la necesidad de informar al otro progenitor y evitar posibles conflictos. La norma fue aprobada por mayoría, con 12 votos a favor y 8 abstenciones, con cargo a redacción final.
Sanciones más severas por crueldad animal
En paralelo, la comisión aprobó con 17 votos a favor y 2 abstenciones un dictamen que modifica el Código Penal (Decreto Legislativo 635) para incorporar agravantes en casos de crueldad contra animales domésticos y silvestres.
El presidente del grupo de trabajo explicó que las penas se elevan cuando hay actos de mutilación, uso de armas, fuego o veneno, ensañamiento, actos sexuales o participación de varias personas. En caso de muerte del animal, la pena puede ascender a seis a ocho años de prisión, incluyendo días-multa e inhabilitación.
Congresistas como José María Balcázar, Isabel Cortez y Martha Moyano señalaron la necesidad de soluciones administrativas complementarias, como la custodia de animales por municipalidades y límites en la tenencia doméstica para prevenir el maltrato.
Extinción de dominio y proyectos en cuarto intermedio
La comisión también evaluó proyectos vinculados a la extinción de dominio, modificando el Decreto Legislativo 1373 y el Código Penal para precisar definiciones de bienes ilícitos, medidas cautelares, audiencias iniciales y restitución en caso de sentencia absolutoria.
Estas propuestas buscan mejorar la efectividad de los procesos de decomiso de bienes vinculados a delitos graves, como el sicariato, la prostitución ilícita y el crimen organizado, incorporando plazos específicos para devolución o indemnización.
Sin embargo, algunos congresistas solicitaron pasar a cuarto intermedio para un análisis más detallado, debido a la complejidad y controversia de la materia.
Sustentaciones legislativas complementarias
Durante la sesión, se escucharon tres iniciativas adicionales:
- Proyecto de Ley 08854/2024-CR: Creación de órganos jurisdiccionales especializados en cibercriminalidad, presentada por Raúl Huamán Coronado.
- Proyecto de Ley 12659/2025-CR: Agravamiento de penas por abigeato y fortalecimiento de la protección del patrimonio ganadero, presentada por Silvana Robles Araujo.
- Proyecto de Ley 04633/2022-CR: Modificación del Código Penal para ampliar la legítima defensa en resguardo del domicilio, propuesta por Diego Bazán Calderón.
Estos proyectos serán revisados en próximas sesiones, con análisis técnico y debate parlamentario.
Perspectivas y próximos pasos
Con la aprobación de estas iniciativas, la Comisión de Justicia busca equilibrar protección infantil, derechos de los animales y fortalecimiento del sistema de justicia penal. Además, la atención a casos de extinción de dominio y cibercriminalidad refleja la intención del Congreso de actualizar y consolidar marcos legales frente a nuevas modalidades de delito.
Expertos coinciden en que la regulación de viajes de menores con autorización notarial y el aumento de sanciones por crueldad animal son pasos importantes hacia la seguridad jurídica, protección social y bienestar animal, aunque enfatizan la necesidad de implementación efectiva y seguimiento.
Las medidas aprobadas deberán pasar a redacción final y publicación, mientras que los proyectos más complejos quedaron en cuarto intermedio, a la espera de mayor deliberación parlamentaria y opiniones de entidades especializadas como Ministerio de Justicia, municipalidades y el Poder Judicial.