En un mensaje a la Nación emitido la noche del martes 21 de octubre, el presidente José Jerí Oré declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, una medida que marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de seguridad del Gobierno frente al incremento de la delincuencia organizada. La decisión, adoptada por el Consejo de Ministros, busca recuperar el control del orden público y frenar el avance del crimen en las principales ciudades del país.
Estado de emergencia: una respuesta a la inseguridad
Acompañado del premier Ernesto Álvarez Miranda y los integrantes de su gabinete, el jefe de Estado ofreció un mensaje firme desde Palacio de Gobierno, en el que reconoció que el país atraviesa una de las peores crisis de seguridad de las últimas décadas.
“Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando, además, el progreso del país, pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, afirmó Jerí Oré.
La medida, que entrará en vigencia desde la medianoche, contempla un despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar las operaciones de control, patrullaje y seguridad en zonas de alto riesgo, especialmente en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Villa El Salvador, Ventanilla y Callao Cercado, distritos que concentran altos índices delictivos.
¿Qué implica el estado de emergencia en Lima y Callao?
De acuerdo con el decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, la medida autoriza la suspensión de derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito, permitiendo acciones policiales y militares más directas.
Entre las disposiciones más destacadas figura la restricción de visitas en los centros penitenciarios y la prohibición de que dos personas circulen en motocicleta, una medida dirigida a frenar los ataques de sicariato y extorsión cometidos por “motorrateros”.
Asimismo, se fortalecerá la labor de inteligencia del Estado y se establecerá un sistema de coordinación permanente entre el Ministerio del Interior, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público para garantizar resultados concretos.
Un giro en la política de seguridad
El presidente Jerí enfatizó que esta decisión busca pasar de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. “Presenta un nuevo enfoque, pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, sostuvo el mandatario antes de cerrar su mensaje con un “¡Viva el Perú!”.
La declaración de emergencia se produce en un contexto de creciente malestar social y de protestas ciudadanas por la inseguridad, así como tras la reciente ola de ataques extorsivos a transportistas, asesinatos por encargo y robos violentos en distintas zonas del país.
Reacciones y medidas complementarias
El anuncio fue respaldado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien informó que su sector ya ha dispuesto la compra de 44 rochabuses y 56 tanquetas para reforzar la respuesta policial en situaciones de conflicto o movilización.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros señaló que el Gobierno ha optado por una medida de carácter temporal pero contundente, que podrá ser prorrogada si los indicadores de seguridad lo justifican.
La Procuraduría Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo también se pronunciaron, advirtiendo que el uso de la fuerza deberá estar sujeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, para evitar excesos como los registrados en protestas pasadas.
¿Qué opinan los ciudadanos y expertos?
Mientras tanto, diversos analistas han destacado que el estado de emergencia no puede convertirse en una política permanente, sino en una herramienta transitoria para recuperar la capacidad operativa de las instituciones.
El sociólogo y experto en seguridad Eduardo Ballón señaló que la medida debe venir acompañada de acciones de inteligencia y políticas sociales sostenibles, pues “militarizar la seguridad sin atacar las causas estructurales solo aplaza el problema”.
A nivel ciudadano, las opiniones se dividieron entre quienes consideran necesaria la intervención del Estado y quienes temen un uso excesivo de la fuerza o la vulneración de derechos fundamentales.
Camino hacia una “nueva estrategia nacional”
Con este anuncio, el Gobierno de José Jerí busca consolidar una “nueva estrategia nacional de seguridad” que incluye la creación de un Sistema Nacional contra la Extorsión y el Sicariato, propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como la reforma del sistema penitenciario y la modernización policial.
En los próximos días, el Ejecutivo presentará al Congreso un paquete de proyectos de ley de seguridad ciudadana, entre ellos la tipificación de nuevas formas de crimen organizado y la creación de un fondo de recompensas para capturar cabecillas de mafias.