En medio de una crisis de inseguridad ciudadana que golpea a todo el país, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, se pronunció a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) para lanzar un mensaje directo al Gobierno de transición: “Declarar en emergencia todos los penales del Perú”. El pedido, difundido este miércoles 15 de octubre, busca frenar la ola de crímenes, extorsiones y secuestros que, según informes policiales, se planifican desde los establecimientos penitenciarios del país.
“Ahora que ya se conformó el Gobierno de transición, pedimos al nuevo Ejecutivo que priorice la seguridad ciudadana en todo el país. Y solicitamos como medida prioritaria la declaración de emergencia en todos los penales del Perú para acabar con los que ordenan acciones criminales y actos de extorsión”, escribió el también gobernador regional de La Libertad.
Extorsiones desde las cárceles
El mensaje de Acuña coincide con recientes operaciones de inteligencia que revelaron cómo las bandas criminales —entre ellas el Tren de Aragua, Los Pulpos, Los Injertos del Cono Norte y Los Gallegos— han convertido los penales en centros de comando del delito.
De acuerdo con fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), más del 70 % de las extorsiones denunciadas en Lima y el norte del país se originan desde establecimientos penitenciarios, utilizando celulares clandestinos y redes de mensajería encriptada.
La situación es especialmente crítica en los penales de Piedras Gordas, Lurigancho, El Milagro (Trujillo) y Picsi (Chiclayo), donde incluso se han decomisado routers Wi-Fi y microcelulares en celdas de internos vinculados al crimen organizado.
En los últimos cinco años, los operativos de requisa realizados por el INPE han permitido incautar más de 120 mil equipos móviles dentro de las cárceles, una cifra que revela el nivel de descontrol interno.
Un sistema penitenciario colapsado
La propuesta de emergencia total en los penales apunta a un problema estructural. El sistema penitenciario peruano alberga actualmente a más de 100 mil internos, pese a tener capacidad solo para 40 mil, lo que implica un hacinamiento del 150 %.
A esa sobrepoblación se suma la corrupción en algunos niveles del INPE y la infiltración de mafias que pagan por beneficios, traslados o facilidades dentro de los establecimientos.
El exministro del Interior Vicente Romero ya había advertido que “los penales se han convertido en las nuevas centrales del crimen”. La Policía Nacional también identificó que las principales bandas utilizan reclusos como intermediarios para ordenar ajustes de cuentas, secuestros exprés y cobros de cupos a transportistas y empresarios.
El mensaje político detrás del pedido
Aunque el tuit de Acuña tiene un tono de exhortación ciudadana, su pronunciamiento también es una señal política. Desde su posición como gobernador regional y líder de un partido con presencia nacional, busca marcar distancia del Ejecutivo anterior —cuestionado por su falta de control en materia de seguridad— y posicionarse como una voz de autoridad en este nuevo periodo de transición.
En La Libertad, su región natal, la violencia criminal ha alcanzado niveles alarmantes: solo en 2024 se registraron más de 380 asesinatos, muchos de ellos vinculados a extorsiones. Esa cifra convierte al norte en una de las zonas más golpeadas por el crimen organizado, incluso por encima de Lima Metropolitana.
Analistas consultados señalan que el pedido de Acuña refleja la presión política para que el nuevo Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, adopte medidas drásticas. Tiburcio, exjefe del GEIN, anunció recientemente que solicitará facultades legislativas para reformar el régimen disciplinario policial y expulsar a los agentes vinculados con el delito. En esa misma línea, Acuña plantea un cerco institucional que incluya tanto a policías como a reclusos que operan desde los penales.
Una emergencia con antecedentes
El Perú ya ha declarado en emergencia regiones enteras por el avance del crimen organizado, pero una emergencia penitenciaria nacional sería una medida inédita. En 2020, el Gobierno de Martín Vizcarra adoptó un decreto similar por razones sanitarias, sin resultados duraderos. Sin embargo, el actual contexto —marcado por la presencia de organizaciones transnacionales y el uso de tecnología en las cárceles— exige una intervención más integral.
Entre las propuestas que podrían evaluarse figuran:
- El bloqueo de señal en penales de alta peligrosidad.
- La militarización temporal de los perímetros carcelarios.
- El fortalecimiento de los equipos de inteligencia del INPE.
- Y la rotación permanente de directores penitenciarios y personal de seguridad para evitar infiltraciones.
El desafío para el nuevo gobierno
El nuevo Ejecutivo, encabezado por José Jerí, enfrenta así su primer desafío: responder al clamor ciudadano por seguridad. La declaración de emergencia penitenciaria implicaría coordinar esfuerzos entre el Ministerio del Interior, Justicia, Defensa y el propio INPE, además de garantizar financiamiento inmediato.
En palabras de un alto funcionario del Mininter, “la situación de los penales es insostenible. Si no se corta la cadena criminal desde adentro, la inseguridad seguirá en aumento en las calles”.
El pedido de César Acuña resuena en un país donde la delincuencia organizada ha traspasado todos los límites. La urgencia de limpiar los penales ya no es solo una cuestión de orden interno, sino una batalla por recuperar el control del Estado frente al crimen.