Soto plantea salida del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
En un nuevo capítulo del debate sobre seguridad ciudadana y sanciones penales severas, el congresista Wilson Soto Palacios ha solicitado formalmente al presidente del Congreso de la República, José Jerí Oré, evaluar el inicio del trámite para que el Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocida como el Pacto de San José.
La solicitud implica, además, el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que supervisa el cumplimiento de la convención en los Estados parte. Con esta medida, Soto busca viabilizar un debate legislativo sobre la reintroducción de la pena de muerte en el país, enfocada en los delitos más graves.
Seguridad ciudadana: argumento central del pedido
En el documento dirigido al despacho presidencial del Congreso, el legislador de Acción Popular argumenta que el país atraviesa una de las peores crisis en materia de inseguridad ciudadana, especialmente en Lima y el norte del país, donde se han incrementado los índices de sicariato, extorsión, secuestros y homicidios.
Soto sostiene que, frente a este escenario, es necesario debatir medidas extremas. “La imposición de sanciones ejemplares, como la pena de muerte, puede actuar como elemento disuasivo frente al crimen organizado y los abusos contra menores”, indicó.
El parlamentario también advirtió que muchos ciudadanos perciben un Estado débil y desbordado por la delincuencia, por lo que urge “recuperar la autoridad y devolver la tranquilidad a la población”.
¿Es legalmente viable el retiro del Perú de la CIDH?
Wilson Soto cita el artículo 57 de la Constitución Política del Perú, que establece que el presidente de la República puede denunciar tratados internacionales con la aprobación del Congreso. De esta manera, el Poder Ejecutivo podría iniciar el proceso de denuncia del Pacto de San José, si así lo decide y cuenta con respaldo legislativo.
Cabe recordar que el Perú firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1977 y ha estado bajo la jurisdicción de la CIDH desde 1980. Actualmente, los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado peruano.
Soto, sin embargo, propone que esta dependencia internacional sea reevaluada:
“El retiro de la CIDH sería un gesto político firme y coherente con el clamor ciudadano que exige mano dura contra los delincuentes que vulneran la vida y seguridad de los peruanos”, afirmó.
Contexto regional y antecedentes similares
La propuesta de Soto Palacios se da en un contexto regional en el que otros países han expresado desacuerdos con la jurisdicción de la Corte Interamericana. Venezuela se retiró formalmente de la CADH en 2013, y Nicaragua siguió el mismo camino en años recientes. En el caso peruano, el tema ha generado controversia cada vez que se propone reinstaurar la pena de muerte.
En varias ocasiones, las restricciones impuestas por tratados internacionales de derechos humanos han impedido que se debata o apruebe esta figura penal, sobre todo porque el Pacto de San José prohíbe la ampliación de la pena de muerte en los países que no la tenían prevista para ciertos delitos al momento de firmar la convención.
¿Qué delitos incluiría la pena de muerte?
Aunque el documento no entra en detalles legislativos, el congresista señaló que su propuesta está orientada a castigar a delincuentes responsables de crímenes violentos, como el sicariato, el secuestro agravado, los feminicidios y los abusos sexuales contra menores de edad.
También planteó que este tipo de sanción sea discutida con base en estudios jurídicos, comparativos y penales, pero que el primer paso es abrir el camino institucional para tener plena soberanía legal sobre la aplicación de penas extremas.
Reacciones divididas en el Congreso
Hasta el momento, no todos los sectores políticos se han pronunciado sobre el pedido de Soto. Sin embargo, en anteriores ocasiones, propuestas similares han sido criticadas por expertos en derecho penal, organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales, que advierten sobre los riesgos de debilitar el sistema interamericano de protección a los derechos fundamentales.
Por su parte, algunos congresistas de bancadas conservadoras han manifestado apoyo a la idea de revisar el rol de la CIDH en la soberanía judicial del país, aunque no hay consenso político para avanzar con una medida de tal magnitud.