El alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, propuso este lunes declarar al país en estado de emergencia nacional, como parte de un paquete de medidas “urgentes y drásticas” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. Su planteamiento se dio durante la reunión convocada por el presidente encargado José Jerí en Palacio de Gobierno, donde participaron diversos alcaldes distritales de Lima y otras autoridades locales.
“Queremos aportar con planteamientos que se puedan convertir en hechos concretos”, expresó Reggiardo, al tiempo que solicitó al Ejecutivo tomar acciones inmediatas frente al avance del crimen organizado, sicariato, extorsiones y delitos comunes que afectan a millones de ciudadanos en todo el país.
Control temporal de penales por parte de las Fuerzas Armadas
Una de las propuestas centrales del burgomaestre limeño fue que las Fuerzas Armadas asuman el control temporal de los centros penitenciarios, como medida para cortar la cadena de mando de bandas criminales que operan desde las cárceles.
“Desde los penales se siguen organizando múltiples delitos. Necesitamos una intervención más firme y directa del Estado”, señaló Reggiardo, haciendo referencia a recientes operativos policiales que revelaron cómo líderes de mafias continúan ordenando extorsiones, asesinatos y secuestros desde prisión.
La propuesta se enmarca dentro de una visión de “mano dura” para retomar el control de espacios donde el Estado ha sido desbordado por el crimen, y que, según el alcalde, deben ser “recuperados con decisión y urgencia”.
Restricción de motocicletas y más control en las calles
Otra medida que generó debate fue la restricción del uso de motocicletas o motos lineales durante el eventual estado de emergencia. Según Reggiardo, este tipo de vehículos son utilizados en un alto porcentaje de delitos en zonas urbanas.
“El sicariato, los robos y las extorsiones se ejecutan muchas veces desde motocicletas. Necesitamos una regulación temporal que permita frenar este patrón delictivo”, indicó, sin precisar si la medida sería generalizada o enfocada en distritos específicos.
La propuesta ha sido tomada con matices entre los alcaldes presentes, algunos de los cuales reconocieron el riesgo, pero advirtieron sobre el impacto que una restricción podría tener en trabajadores que usan estos vehículos para movilizarse o trabajar.
Serenos capacitados como refuerzo de la Policía Nacional
Uno de los puntos más desarrollados por el alcalde fue el potencial de los serenos municipales como apoyo activo en labores de seguridad. Reggiardo estimó que actualmente existen entre 50 mil y 60 mil serenos a nivel nacional, de los cuales unos 15 mil pertenecen a Lima Metropolitana.
“Si los capacitamos correctamente, los serenos pueden asumir funciones de tránsito, patrullaje preventivo e incluso control de espacios públicos. Esto permitirá que la Policía se enfoque en combatir el crimen organizado”, explicó.
En ese sentido, propuso establecer protocolos de capacitación urgente, supervisados por el Ministerio del Interior, para que el personal de serenazgo actúe de forma coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP), dentro del marco legal vigente.
Propuesta migratoria: uso del penal de Lurigancho para extranjeros indocumentados
En un momento especialmente sensible para el debate migratorio, Reggiardo planteó una polémica medida: que el penal de Lurigancho sea utilizado para albergar temporalmente a extranjeros indocumentados, mientras se resuelve su situación migratoria conforme a la ley.
Aunque no ofreció mayores detalles sobre el sustento legal o logístico de esta iniciativa, el alcalde consideró que este sería un primer paso para “ordenar y controlar” el fenómeno migratorio irregular, vinculado en algunos casos a redes delictivas.
Cabe mencionar que esta propuesta podría generar resistencia desde sectores de derechos humanos, migración y organismos internacionales, dado que mezclar la migración irregular con la criminalidad de forma generalizada suele ser criticado por su potencial discriminatorio.
Reactivación del fondo de seguridad ciudadana para municipios
Finalmente, Reggiardo exigió al Ejecutivo que se reactive y amplíe el fondo de seguridad ciudadana para municipalidades, que —según recordó— fue reducido en años anteriores, limitando la capacidad de los gobiernos locales para invertir en prevención del delito.
“El entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, había anunciado que se incrementaría a 600 millones de soles. Es hora de hacerlo realidad”, reclamó. Este fondo permitiría, según explicó, financiar patrullajes, compra de equipamiento, cámaras de videovigilancia y formación de agentes municipales.
Apoyo institucional al Ejecutivo y mensaje de unidad
Más allá de sus propuestas concretas, Reggiardo aprovechó su intervención para expresar su respaldo al presidente encargado José Jerí y su apuesta por un gobierno basado en el diálogo interinstitucional y la acción coordinada.
“Valoramos este espacio abierto para el diálogo. El éxito de su gestión será el éxito de todos los peruanos”, afirmó el alcalde de Lima, en un tono de colaboración que contrasta con la confrontación que ha marcado la relación entre el Ejecutivo y los municipios en años anteriores.
Un alcalde con agenda de seguridad clara
La intervención de Reggiardo confirma que su gestión en Lima busca posicionarse como una administración con prioridad en la seguridad ciudadana y con propuestas audaces, aunque algunas podrían generar controversia. El uso de las Fuerzas Armadas, la participación de serenos en funciones policiales, y la vinculación entre migración y delito, abren un debate político que el Ejecutivo deberá procesar con cuidado.
Mientras tanto, el país espera señales claras de parte del nuevo gabinete que jurará en las próximas horas, y que deberá tomar decisiones concretas frente a una ciudadanía cada vez más afectada por el miedo y la violencia.