Poder Judicial concede medida cautelar a Delia Espinoza y ordena su restitución como fiscal de la Nación

La justicia ordena la reposición inmediata de Delia Espinoza en el Ministerio Público tras reconocer irregularidades en su proceso de destitución impulsado por la Junta Nacional de Justicia.

por Edgar Mandujano

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la medida cautelar innovativa solicitada por Delia Milagros Espinoza Valenzuela contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que implica su restitución provisional en el cargo de fiscal de la Nación.

La resolución, emitida el 13 de octubre de 2025, señala que el juez valoró la concurrencia de los presupuestos exigidos para dictar la medida, en el marco de una acción de amparo promovida por Espinoza, quien cuestiona la legalidad del proceso disciplinario iniciado en su contra y su posterior remoción.

Entre los principales efectos de la medida cautelar destacan:

  1. Suspensión provisional del artículo 3° de la Resolución N.º 231-2025-JNJ, emitida por la Junta Nacional de Justicia, en la que se habría dispuesto su separación del cargo.
  2. Reafirmación de la vigencia del Acuerdo N.º 6579-2024 de la Junta de Fiscales Supremos y de la Resolución N.º 058-2024-MP-FN-JFS, que designaron a Espinoza como fiscal de la Nación, en ejercicio de las atribuciones constitucionales del Ministerio Público.
  3. Suspensión del procedimiento disciplinario iniciado por la JNJ contra Espinoza, mientras se resuelve el fondo del proceso de amparo.

Además, el juzgado ordena a la JNJ que, en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación, cumpla con el mandato judicial y emita la resolución administrativa correspondiente para restituir a Espinoza en sus funciones, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.

La medida responde a la necesidad de garantizar la tutela urgente de derechos fundamentales presuntamente vulnerados durante el proceso seguido por la JNJ, en el que, según la resolución, no se habría cumplido con los estándares mínimos de motivación ni de incorporación procesal de la demandante.

Este fallo marca un nuevo capítulo en la controversia institucional entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, y sienta un precedente relevante en materia de control judicial de los procedimientos disciplinarios seguidos contra altos funcionarios del sistema de justicia.

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