Ataque en Chorrillos desata pronunciamiento político
El reciente ataque armado durante el concierto de Agua Marina en Chorrillos ha provocado una ola de reacciones en el ámbito político. En ese contexto, el partido Fuerza Popular emitió un enérgico comunicado en el que denuncia la inacción del Gobierno frente al avance del terrorismo urbano y la delincuencia organizada, y propone la activación inmediata de un plan de emergencia nacional.
“El crimen organizado ha cruzado todos los límites”, señala el pronunciamiento, y acusa al Ejecutivo de mantenerse “pasivo e indiferente” ante una situación que, consideran, se ha salido de control.
Exigen que Ministro del Interior rinda cuentas
En el documento difundido este 9 de octubre, Fuerza Popular exige la presencia del Ministro del Interior en el Pleno del Congreso, a fin de que explique por qué el Ejecutivo no ha tomado medidas concretas para frenar el auge del crimen, pese a las reiteradas propuestas formuladas por la bancada en periodos anteriores.
“El Ministro debe rendir cuentas y explicar por qué no se han adoptado medidas como las que venimos proponiendo desde hace meses”, indica el comunicado, en alusión a un plan integral que ha sido presentado anteriormente por el partido.
Propuesta: un Plan Integral de Emergencia Nacional
El comunicado detalla un Plan Integral de Emergencia Nacional contra el terrorismo urbano, estructurado en siete medidas específicas, que buscan recuperar el control del territorio, combatir las mafias organizadas y restaurar la seguridad ciudadana.
A continuación, se resumen los principales puntos del plan propuesto:
Reactivación del Comando de Frente Interno (COFI)
Fuerza Popular propone la unificación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las agencias de inteligencia bajo un solo mando operativo. Esta estructura —similar a un comando conjunto— permitiría una respuesta coordinada y eficaz ante situaciones de alto riesgo, como atentados, extorsiones o incursiones criminales.
Especialización de la Policía Nacional
El partido plantea una reforma en la estructura interna de la PNP, creando dos líneas de carrera diferenciadas:
- Una para investigación criminal, enfocada en combatir mafias, bandas organizadas y redes delictivas complejas.
- Otra para orden interno, centrada en el patrullaje, control del orden público y contención de disturbios.
Esta diferenciación permitiría, según el comunicado, una mayor eficacia en ambos frentes.
Apoyo temporal de las Fuerzas Armadas
Frente a la crítica situación, Fuerza Popular propone autorizar el patrullaje conjunto de las Fuerzas Armadas en las calles, por un periodo de 120 días, así como su participación en la administración temporal de los penales más conflictivos.
Esta medida, según indican, no busca reemplazar a la PNP, sino complementar sus funciones ante la gravedad de los hechos recientes.
Reforma del sistema de justicia
Uno de los puntos más duros del pronunciamiento es el referido a jueces y fiscales que liberan a criminales. Fuerza Popular exige una revisión estructural del sistema judicial, con mecanismos que eviten la impunidad y el accionar de lo que denominan “una justicia permisiva”.
Emergencia penitenciaria nacional
La agrupación liderada por Keiko Fujimori también plantea una declaratoria de emergencia penitenciaria, que incluya la construcción inmediata de nuevos penales en zonas alejadas y de difícil acceso, para aislar a los cabecillas del crimen organizado.
Este punto ha sido respaldado por algunos sectores de la ciudadanía y la opinión pública, que ven con preocupación cómo muchos delitos se orquestan desde dentro de las prisiones.
Revisión del Pacto de San José
Una de las propuestas más polémicas es la de revisar —y eventualmente denunciar— el Pacto de San José, tratado internacional que protege los derechos humanos. El partido considera que ciertas cláusulas del pacto son utilizadas para proteger a criminales de alta peligrosidad y a terroristas, impidiendo una acción penal más severa.
En el pasado, esta propuesta ha generado críticas de organizaciones internacionales, pero también ha encontrado respaldo en sectores conservadores y de seguridad del país.
Aplicación de la Ley 32446 contra el terrorismo urbano
Fuerza Popular solicita la aplicación inmediata de la Ley 32446, aprobada en 2023, que establece penas de cadena perpetua para autores de atentados, asesinatos y extorsiones vinculados al terrorismo urbano.
“Es momento de recuperar el orden, la autoridad y la paz en nuestras calles”, concluye el comunicado.
Crimen organizado en ascenso
El pronunciamiento de Fuerza Popular se da en medio de una creciente ola de violencia que afecta a diferentes regiones del país. Casos como el asesinato del cantante de Armonía 10 en marzo y el reciente ataque armado a Agua Marina evidencian el avance del crimen organizado en sectores artísticos, empresariales y sociales.
Diversas agrupaciones musicales han denunciado extorsiones, amenazas y cobros ilegales por parte de bandas delictivas, sin que se perciban respuestas efectivas del Estado.
Reacciones y debate nacional
El llamado de Fuerza Popular ha encendido el debate público. Algunos sectores lo consideran una reacción necesaria ante la pasividad del Ejecutivo, mientras que otros advierten sobre los riesgos de militarizar la seguridad interna o debilitar compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Sea cual sea la postura, lo cierto es que el país atraviesa un momento crítico, donde la población exige acciones contundentes contra la delincuencia.