El Poder Judicial del Perú, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, ordenó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra Tony Valverde Victoriano, ciudadano peruano acusado de haber cometido un triple homicidio agravado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
La resolución judicial fue emitida por el magistrado Cristhian Chumpitaz Pariona, quien sostuvo que existen sólidos elementos de convicción que vinculan a Valverde Victoriano con los crímenes investigados por las autoridades argentinas, entre ellos el riesgo de fuga, debido a la alta pena privativa de libertad que implicaría una eventual condena.
El juez dispuso también el internamiento inmediato del investigado en un penal del distrito de Cañete, donde deberá permanecer durante el plazo de nueve meses que establece la medida cautelar. Paralelamente, se ha ordenado notificar a la Oficina de Interpol en Lima, para que esta inicie el proceso de coordinación con su contraparte argentina, en el marco de la cooperación judicial internacional y los tratados vigentes de extradición entre Perú y Argentina.
Delito de homicidio agravado: una acusación grave y transnacional
Según se ha informado, Tony Valverde Victoriano es requerido por las autoridades judiciales de la República Argentina por su presunta autoría en el delito de homicidio agravado, en perjuicio de tres mujeres. El caso ha causado consternación tanto en el país vecino como en sectores de la opinión pública peruana, dada la violencia y el carácter múltiple del crimen.
El juez Chumpitaz Pariona precisó que el delito por el cual se le acusa en Argentina también está tipificado en la legislación penal peruana y se encuentra sancionado con penas que oscilan entre 15 y 35 años de prisión, lo que justifica la aplicación de medidas de coerción procesal más severas, como la detención preventiva con fines de extradición.
“Existe peligro procesal, concretamente de fuga, debido a la naturaleza y gravedad de los hechos imputados, así como por el nivel de pena que podría recaer sobre el imputado”, señaló el magistrado durante la audiencia de sustentación.
Coordinación internacional y procedimiento de extradición
Con esta decisión, el Perú activa su compromiso internacional en materia de lucha contra el crimen, al facilitar la extradición activa de ciudadanos requeridos por otros países con los que mantiene tratados bilaterales o acuerdos multilaterales vigentes, como el Tratado de Extradición con Argentina.
El proceso contempla ahora la notificación a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), sede Lima, la cual deberá realizar los trámites necesarios ante su par en Argentina para formalizar la solicitud de extradición, conforme al procedimiento previsto por la Ley de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal (Ley N.º 28979).
En ese sentido, el investigado no será liberado mientras dure el procedimiento, y permanecerá bajo custodia del sistema penitenciario peruano, salvo disposición contraria de la autoridad judicial o culminación del plazo legal.
Contexto del caso: feminicidio múltiple en Argentina
Aunque las autoridades peruanas no han detallado los hechos, medios judiciales argentinos informaron que el caso está relacionado con el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires, en circunstancias que podrían configurar un crimen de violencia de género, lo cual agrava aún más la calificación penal del delito.
En Argentina, el femicidio o feminicidio es una figura penal autónoma que implica la muerte de una mujer por razones de género, y puede ser sancionada con cadena perpetua, según su Código Penal.
La investigación ha tenido amplia cobertura mediática en dicho país y, tras obtenerse información de que Valverde Victoriano se encontraría en territorio peruano, las autoridades judiciales argentinas solicitaron el apoyo de sus pares peruanos a través de mecanismos de cooperación bilateral.
Garantías procesales y derechos humanos
En cumplimiento de los principios constitucionales y estándares internacionales, el Poder Judicial recordó que toda medida de detención con fines de extradición debe garantizar los derechos fundamentales del imputado, incluyendo el debido proceso, el acceso a defensa legal y el respeto al principio de doble incriminación (que el delito sea punible en ambos países).
No obstante, en casos donde existe riesgo de fuga o se trata de delitos graves como el homicidio agravado, las autoridades judiciales pueden dictar medidas cautelares restrictivas de libertad, tal como ha ocurrido en esta ocasión.