Un nuevo episodio de tensión política se produjo este miércoles 2 de octubre cuando la congresista Kira Alcarraz, de la bancada de Podemos Perú, amenazó a la periodista Marycielo del Castillo, del programa ‘ContraCorriente’, durante una entrevista sobre las contrataciones de personal en su despacho. El incidente, captado en video y difundido en redes sociales, ha generado un amplio rechazo de periodistas, ciudadanos y especialistas en ética pública.
La controversia surge luego de que Del Castillo consultara a la parlamentaria sobre la contratación de la pareja de su hijo, Diana Alani de la Cruz Flores, para ocupar un puesto de confianza dentro del despacho de Alcarraz. La insistencia de la periodista provocó la reacción agresiva de la congresista.
Amenaza directa a la periodista
La tensión escaló rápidamente. Ante la pregunta de si su estado de alteración podría derivar en violencia, Kira Alcarraz respondió con una amenaza explícita:
“Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared.”
La situación empeoró cuando la reportera insistió en la pregunta, y la legisladora reafirmó su postura violenta:
“Sí, te golpearía contra la pared si estuviera alterada y no estoy alterada mi amor, porque si lo estuviera te estamparía contra la pared, y como no estoy alterada es por eso que todavía sigues viva mi amor.”
Estas declaraciones han sido interpretadas por expertos y medios de comunicación como un acto de intimidación contra la prensa, atentando contra la libertad de expresión y la labor periodística en el país.
Controversia por contrataciones en el despacho
El conflicto tiene su origen en la contratación de personal de confianza dentro del despacho de Alcarraz. Según la congresista, estas plazas permiten que el titular del despacho seleccione a quienes considere adecuados para cumplir funciones administrativas.
“A ver, es personal de confianza, yo puedo meter a quien a mí me parezca que cumpla el perfil”, señaló.
Sin embargo, Alcarraz intentó deslindar responsabilidad directa, indicando que la Oficina de Recursos Humanos del Congreso revisa y aprueba a los candidatos, aunque en la práctica, la parlamentaria confirma haber propuesto personalmente a la pareja de su hijo para ocupar el cargo de coordinadora.
Los criterios para el puesto, según la congresista, se limitan a contar con “dos años de experiencia laboral en algo administrativo”, un requisito que, según expertos, podría flexibilizar excesivamente los filtros para acceder a puestos públicos financiados por el Estado, generando suspicacias sobre nepotismo y favoritismo.
Antecedentes de posibles patrones de nepotismo
Este caso no sería aislado. Alcarraz admitió previamente la contratación de un amigo de su hijo, Guillermo Santiago García Campos, como técnico en su despacho. Este patrón ha alimentado cuestionamientos sobre la ética en la gestión de recursos humanos dentro de su oficina parlamentaria y sobre el uso de cargos públicos para favorecer relaciones personales.
Libertad de prensa y responsabilidad política
La amenaza de la congresista se suma a un contexto de creciente preocupación por la seguridad y protección de periodistas en el país, quienes enfrentan presiones y hostigamientos por investigar y preguntar sobre actos de corrupción o irregularidades en la función pública.
¿Qué implicaciones legales podría tener esta amenaza?
Especialistas señalan que, aunque no se trate de un acto físico, la expresión verbal de violencia hacia un periodista puede constituir intimidación y hostigamiento, lo que podría ser sujeto de denuncia y revisión por órganos competentes. Además, la presión pública y mediática podría generar consecuencias políticas para Alcarraz, incluyendo investigaciones por nepotismo o conducta inapropiada en el Parlamento.
Reacciones y cobertura mediática
Tras la difusión del video, la amenaza de Kira Alcarraz ha sido criticada por periodistas, organizaciones de defensa de la libertad de prensa y ciudadanos en redes sociales. Se espera que la congresista se pronuncie oficialmente para aclarar sus declaraciones y asumir la responsabilidad política que corresponda.
La cobertura del incidente también plantea preguntas sobre los mecanismos de control interno en el Congreso y sobre cómo se regulan las contrataciones de personal de confianza, que en algunos casos podrían favorecer intereses personales por encima del cumplimiento ético y legal.