El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, generó debate este martes 1 de octubre al declarar que los equipos especiales del Ministerio Público “no pueden ser para siempre”, y que su existencia prolongada podría convertirse en un cuerpo paralelo al sistema interno de las fiscalías. Las declaraciones se dieron durante su visita a Chiclayo, en un encuentro con medios locales, donde además adelantó que se evaluará el futuro de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, titulares de casos emblemáticos como Lava Jato.
¿Qué son los equipos especiales y por qué su existencia preocupa?
Los equipos especiales fueron concebidos como unidades excepcionales dentro del Ministerio Público para atender casos de alta complejidad o situaciones extraordinarias. Sin embargo, según Gálvez, su prolongación indefinida ha generado contradicciones operativas y organizativas, funcionando como un sistema paralelo que opera fuera del diseño estructural de las fiscalías especializadas.
“Fueron pensados para momentos excepcionales, no para integrarse como permanentes dentro de la estructura”, afirmó el fiscal interino. Su propuesta es que la continuidad de estas unidades sea debatida en la Junta de Fiscales Supremos, asegurando que los fiscales puedan continuar con sus casos aun si los equipos se disuelven.
Críticas al funcionamiento actual de los equipos especiales
Gálvez subrayó que la existencia prolongada de estos equipos puede debilitar la estructura orgánica del Ministerio Público, al crear “una organización alterna” que coordina de manera diferente a las fiscalías especializadas. Según el fiscal, esto genera distorsiones internas y politización, problemas que ya habían sido señalados por expertos en gestión institucional.
Además, destacó que el Ministerio Público actualmente dispone de fiscalías especializadas y coordinadores nacionales, lo que podría hacer innecesaria la operación de cuerpos paralelos. Esto plantea un desafío: cómo mantener la eficiencia y la especialización sin recurrir a estructuras extraordinarias.
Evaluación de fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela
En relación a los casos más emblemáticos, como Lava Jato, Gálvez aclaró que la eventual desactivación de los equipos especiales no implicaría la liberación de los procesos judiciales. Los fiscales seguirían a cargo de los casos, aunque bajo la estructura regular del Ministerio Público.
“Mis opiniones sobre el desempeño de ambos fiscales son conocidas, pero cualquier decisión se evaluará con criterios institucionales”, afirmó. Esta declaración abre la posibilidad de ajustes en la dirección de los equipos, sin afectar la continuidad de investigaciones clave contra la corrupción.
Retos y prioridades del Ministerio Público
El fiscal interino enfatizó que los equipos especiales tienen sentido únicamente en emergencias institucionales, y que su uso prolongado puede desviar recursos de otros crímenes que requieren atención prioritaria, como la extorsión, el sicariato y los homicidios. Esto evidencia un intento de reorganización estratégica del trabajo fiscal para asegurar que los recursos estén alineados con las prioridades nacionales de seguridad y justicia.
Proceso de decisión sobre los equipos especiales
La decisión final sobre la continuidad de los equipos especiales corresponde a la Junta de Fiscales Supremos, instancia donde se debatirá también la evaluación del desempeño de Pérez y Vela. Este proceso busca equilibrar la eficiencia de la Fiscalía con la necesidad de mantener la transparencia y la independencia de los fiscales que llevan casos de alta complejidad.
Antecedentes y declaraciones previas
Gálvez ya había planteado la posibilidad de desactivar todos los equipos especiales, incluyendo el de Lava Jato, señalando que estos cuerpos paralelos podrían generar una coordinación distinta al sistema institucional y afectar la imparcialidad de los procesos. Su discurso apunta a fortalecer la estructura orgánica de la Fiscalía y reducir la politización dentro del organismo.
El fiscal subrayó que aunque los equipos especiales puedan desaparecer, los casos emblemáticos no quedarán sin supervisión, ya que los fiscales continuarán con sus investigaciones bajo la normativa institucional vigente.