¿Qué dijo Eduardo Arana sobre la pensión vitalicia de Castillo?
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se refirió este miércoles 1 de octubre a la polémica en torno a la pensión vitalicia de Pedro Castillo, luego de que el Poder Judicial ordenara al Congreso otorgar dicho beneficio al exmandatario.
Durante una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, Arana fue cauto al señalar que no haría comentarios sobre personas específicas, pero dejó en claro la postura institucional del Ejecutivo: “Toda decisión judicial debe cumplirse”.
“A cualquier decisión del Poder Judicial que esté y que sea objeto de una decisión final. Las decisiones del Poder Judicial han de cumplirse, no existe por parte del Ejecutivo otra acción que no corresponda a dar cumplimiento”, declaró.
El premier evitó así confrontar directamente con el Parlamento, que ha apelado el fallo y busca evitar que Castillo acceda a un beneficio que la opinión pública asocia con un exmandatario procesado por corrupción y rebelión.
El fallo judicial que favorece a Pedro Castillo
El pasado 10 de septiembre, el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Alexis Anicama Budiel, declaró fundada la demanda de amparo presentada por Pedro Castillo.
En su resolución, el magistrado consideró que el Congreso vulneró el derecho a la igualdad del exmandatario al negarle la pensión establecida en la Ley N.° 26519, que otorga este beneficio a los expresidentes de la República.
El Parlamento reaccionó el 30 de septiembre presentando un recurso de apelación, con el objetivo de que la decisión sea revisada por una sala constitucional. En consecuencia, el fallo aún no ha quedado firme y se encuentra pendiente de resolución en segunda instancia.
Castillo entre la pensión y los procesos judiciales
La controversia sobre la pensión vitalicia ocurre mientras Pedro Castillo sigue enfrentando graves procesos judiciales. El expresidente permanece bajo prisión preventiva, luego de que la Corte Suprema confirmara su vigencia, y afronta un pedido fiscal de 34 años de cárcel por rebelión, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Ese día, Castillo anunció la disolución del Congreso y la reorganización de instituciones autónomas, un acto calificado por el Ministerio Público como un intento de quebrar el orden constitucional.
Además de este proceso, el exmandatario enfrenta investigaciones por presunta corrupción en su entorno más cercano, incluyendo licitaciones irregulares en obras públicas y presunta participación en una organización criminal.
Debate político y legal: ¿debe recibir Castillo la pensión vitalicia?
El tema ha generado un intenso debate político y ciudadano. Para sus detractores, resulta inadmisible que un expresidente con procesos penales abiertos pueda recibir un beneficio financiado por el Estado. Sin embargo, el Poder Judicial ha recordado que la ley vigente no contempla restricciones de este tipo, lo que obliga al Congreso a otorgar el beneficio salvo que una reforma legal lo precise.
El premier Arana fue enfático en no “politizar” el caso:
“Yo no voy a responder sobre un caso particular o un nombre. En principio, toda decisión judicial debe cumplirse”, reiteró.
La cautela del Ejecutivo busca evitar un choque directo con el Congreso, que ya se encuentra en abierta confrontación con el Poder Judicial por otros fallos que cuestionan decisiones legislativas.
¿Qué está en juego para el Ejecutivo y el Congreso?
La controversia por la pensión de Castillo trasciende lo económico. Más que los recursos involucrados, el tema pone a prueba la institucionalidad democrática. Si el Congreso desacata el fallo, podría abrirse una nueva crisis de poderes. Si el Ejecutivo fuerza su cumplimiento, podría ser acusado de favorecer a un expresidente hoy preso y con alta desaprobación ciudadana.
La postura de Eduardo Arana refleja el delicado equilibrio: cumplir lo que ordena la justicia sin cargar con el costo político de defender a Castillo.
¿Será el Congreso obligado a pagar la pensión de Castillo pese a su situación judicial?
La pregunta que marca el debate es clara: ¿debe el Congreso acatar el fallo y pagarle la pensión vitalicia a Pedro Castillo pese a que está preso por rebelión?
La apelación parlamentaria podría frenar temporalmente el desembolso, pero si la segunda instancia confirma el fallo, el Legislativo estaría obligado a cumplir bajo apercibimiento de sanciones judiciales.
De ser así, Castillo recibiría un beneficio económico que, paradójicamente, podría usar mientras cumple condena o prisión preventiva, una situación inédita en la historia peruana.
El caso de la pensión vitalicia de Pedro Castillo se ha convertido en un nuevo campo de disputa entre el Poder Judicial y el Congreso, con el Ejecutivo manteniendo una postura de obediencia institucional.
El premier Eduardo Arana insistió en que las resoluciones judiciales deben cumplirse, aunque evitó pronunciarse sobre el fondo del caso. Mientras tanto, Castillo continúa en prisión y enfrenta el juicio más grave de su vida política: el de la rebelión contra la democracia peruana.
El desenlace dependerá de lo que resuelva la segunda instancia judicial, pero el debate ya revela la fragilidad institucional y las tensiones entre poderes que marcan el escenario político del país.