¿Qué ocurre en las primeras horas del paro?
Desde las 5 de la mañana, equipos de prensa recorrieron diferentes puntos de Lima para registrar el impacto del paro de transportistas. La jornada empezó con normalidad en algunos distritos, pero rápidamente se evidenciaron problemas en Lima Norte y Este.
En Puente Piedra, los paraderos lucían abarrotados y con usuarios resignados a esperar. La ausencia de buses se repitió en Puente Nuevo y San Juan de Lurigancho, donde ciudadanos formaban colas que superaban las dos cuadras. Ante la falta de servicio, muchos optaron por colectivos, taxis y mototaxis, con tarifas duplicadas.
Un pasajero sintetizó la frustración de la mañana: “En el norte no hay carros, no sabemos cómo llegar al trabajo”.
Un paro que no se sintió igual en toda la capital
El ministro de Transportes, César Sandoval, declaró que el 80% de transportistas no acató el paro, pero la realidad en las calles fue más compleja. Mientras que en Los Olivos y parte de Lima Sur el transporte circulaba con relativa normalidad, los conos Norte y Este enfrentaban un colapso parcial del servicio.
En distritos como San Juan de Miraflores, el panorama fue distinto: los buses circulaban y el tránsito ligero favorecía los traslados. Incluso algunos usuarios aseguraban que llegar a sus destinos había sido más rápido que en días regulares.
La desigualdad en el impacto del paro puso en evidencia la dependencia de ciertos sectores de las rutas más vulnerables a la extorsión.
Extorsión y violencia detrás de la protesta
El trasfondo del paro va más allá de la medida gremial. El transporte urbano en Lima arrastra semanas de amenazas de mafias que cobran cupos a empresas de buses y combis, poniendo en riesgo a choferes, cobradores y pasajeros.
Algunas compañías decidieron no operar por temor a represalias, mientras otras mantuvieron el servicio pese al riesgo. Según asociaciones de transporte, más de 450 empresas suspendieron actividades, especialmente en rutas que recorren zonas periféricas de la capital.
El gremio busca que el Congreso evalúe la creación de una unidad de élite conformada por la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial, que actúe coordinadamente contra bandas de extorsionadores y sicarios.
¿Qué medidas tomó el Estado frente al paro?
El Gobierno respondió con un despliegue de más de 10 mil policías en distintos puntos de Lima y Callao, incluyendo estaciones del Metropolitano, corredores complementarios y paraderos críticos. El objetivo fue garantizar seguridad y disuadir posibles ataques.
Además, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que el Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro de Lima, corredores complementarios y el servicio AeroDirecto operan al 100% en sus horarios habituales, buscando amortiguar la paralización.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo anunció dos horas de tolerancia laboral para trabajadores afectados, exhortando a empleadores a priorizar el teletrabajo o la flexibilidad horaria.
El rostro ciudadano de la crisis
En las zonas más golpeadas, la población enfrentó colas interminables, demoras y sobrecostos en su traslado. Muchos trabajadores y estudiantes recurrieron a taxis informales o mototaxis, pagando hasta el doble de la tarifa habitual.
El malestar fue evidente: “No es justo que por culpa de mafias y autoridades que no hacen nada, nosotros paguemos más y lleguemos tarde al trabajo”, dijo una usuaria en San Juan de Lurigancho.
¿Qué pasará si los paros se repiten?
La paralización parcial de este jueves abre un debate urgente: ¿qué ocurrirá si los paros se vuelven más frecuentes o masivos? La fragilidad estructural del transporte limeño quedó expuesta: un sistema informal, inseguro y vulnerable a la presión de bandas criminales.
Si no se toman medidas de fondo que incluyan seguridad sostenida, modernización del sistema y respaldo al transporte formal, la ciudad corre el riesgo de una paralización total en el futuro.
El paro de transportistas del 2 de octubre no detuvo Lima, pero sí mostró las grietas más profundas del sistema urbano. En zonas como Puente Piedra y Huaycán, miles de pasajeros quedaron varados, mientras que en el sur la vida cotidiana transcurrió casi sin alteraciones.
El hecho deja claro que el verdadero problema no es la protesta en sí, sino la extorsión criminal y la ausencia de una reforma integral del transporte. Hasta que se aborden estas causas, los ciudadanos seguirán siendo los más afectados, atrapados entre la inseguridad y la precariedad.