El anunciado paro de transportistas en Lima y Callao previsto para el jueves 2 de octubre genera un ambiente de incertidumbre en la capital. Mientras algunos gremios ratifican su adhesión a la medida, el ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que “un buen grupo” de organizaciones no participará en la protesta. En paralelo, la Policía Nacional anunció que desplegará más de 10 mil efectivos desde la madrugada para prevenir bloqueos y salvaguardar la seguridad ciudadana.
La movilización fue convocada como protesta contra la ola de inseguridad y criminalidad que afecta a choferes, cobradores y pasajeros en distintas zonas de Lima. Sin embargo, tras reuniones con la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, la Cámara Internacional de Transporte y la Asociación de Concesionarias de Transporte Urbano, varios dirigentes decidieron no plegarse al paro.
¿Qué gremios confirmaron que no irán al paro?
Según Malaver, tras los encuentros sostenidos entre el domingo y el lunes, una parte importante de los gremios acordó continuar operando con normalidad. Estos compromisos se lograron luego de que el Ejecutivo ofreciera reforzar la seguridad en corredores y puntos críticos de la ciudad.
El ministro explicó que existe una diversidad de posiciones: “Lo que tenemos es la información de que hay una gran cantidad de gremios de transporte que no se van a sumar al paro. Quizás hay algunos que sí lo han anunciado. Entonces se puede apreciar que hay diversos puntos de vista y opiniones”.
Aun así, dirigentes de empresas de transporte urbano en zonas como Lima Este y Lima Norte han reiterado que la presión de las extorsiones, robos y amenazas de bandas criminales los obliga a mantener la protesta como mecanismo de presión al Estado.
Plan de seguridad: ¿cómo se prepara la Policía?
El ministro del Interior adelantó que la Región Policial Lima activará el plan “Amanecer Seguro” desde las 4:30 a.m. del jueves. Este operativo incluye el despliegue de más de 10 000 policías en paraderos, corredores principales y puntos estratégicos para impedir bloqueos de vías y ataques contra buses.
“Para ello se va a desplegar aproximadamente más de 10 000 efectivos, los cuales van a estar establecidos en diferentes puntos de la capital, sobre todo en diversos corredores”, precisó Malaver.
El anuncio busca transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, ya que la protesta coincidió con la paralización de más de 460 empresas de transporte en el sur del país por casos de extorsión criminal, lo que agrava la percepción de vulnerabilidad en el sector.
¿Qué exigen los transportistas que sí protestarán?
Los gremios que aún insisten en acatar el paro sostienen que el gobierno no responde con medidas efectivas frente a la inseguridad. Denuncian que bandas organizadas imponen cobros de cupos a choferes y amenazan con asesinatos a quienes no cumplan.
Además, reclaman que la fiscalización del transporte informal y el transporte pirata es insuficiente, lo que genera competencia desleal y expone a los usuarios a riesgos adicionales.
La medida, explican, no está vinculada a tarifas o subsidios, sino al derecho a trabajar sin temor a la violencia. En ese sentido, algunos dirigentes insisten en que el paro es “un grito desesperado” de los choferes que día a día enfrentan ataques y extorsiones.
¿Qué pasará este jueves en Lima?
La incertidumbre radica en la posibilidad de un paro parcial: si bien algunas rutas operarán con normalidad, otras podrían suspender sus servicios. Esto podría afectar a miles de pasajeros que dependen del transporte urbano para movilizarse hacia centros de trabajo, colegios y hospitales.
El gobierno, por su parte, apuesta por el despliegue policial masivo y las mesas de diálogo para reducir el alcance de la protesta. Sin embargo, la pregunta de fondo se mantiene: ¿lograrán estas medidas frenar la espiral de inseguridad que golpea al transporte urbano en Lima?
Mientras tanto, los usuarios se preparan para un jueves incierto, con riesgo de interrupciones en rutas y congestión en los paraderos, en medio de un contexto en el que la confianza en el Estado y la seguridad ciudadana siguen en entredicho.