Escribe: Víctor López García, abogado
El Perú sufre una serie de desastres naturales: terremotos políticos, inundaciones legislativas y sequías de justicia. En la actualidad, y desde hace ya muchos años, el peruano parece vivir en un estado de emergencia constante, ocasionado por crisis que no solo resquebrajan la estabilidad institucional, sino que ponen en jaque la propia democracia. En el centro de la tormenta, el Ministerio Público se encuentra fracturado por los reiterados cuestionamientos a su máxima autoridad: la Fiscal de la Nación.
Patricia Benavides y Delia Espinoza han ocasionado que la misión del Ministerio Público se vea nublada, debilitando la imagen de imparcialidad que debería caracterizar a la institución. No es casual que, según cifras del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), más del 70 % de los ciudadanos desconfíe actualmente del rol que viene desempeñando esta entidad. En este escenario, la politización se convierte en una amenaza latente: la justicia se deslinda de su misión como garante de legalidad para transformarse en un escenario de pugnas, cálculos y estrategias de poder. Según José Lousada (2024), la politización consiste en el proceso por el cual órganos que deberían ser neutrales pasan a responder a intereses partidarios, lo que provoca que la justicia deje de ser vista como un espacio técnico y autónomo, para ser entendida como una herramienta de lucha política.
De manera paralela, la judicialización de la política se expresa cuando los conflictos entre actores políticos son trasladados a los tribunales o fiscalías, convirtiendo la justicia en un campo de batalla que reemplaza al debate democrático. Así, lo que debería resolverse en el Congreso, en el Ejecutivo o en la deliberación pública, se procesa en expedientes, denuncias y/o diligencias. Como advierte el autor previamente señalado, esta dinámica genera un doble efecto nocivo: la instrumentalización de la justicia y la distorsión de la política misma. Su ejemplificación es clara en recientes declaraciones: el Premier Eduardo Arana, al comentar una sentencia del Tribunal Constitucional, afirmó que dicha resolución “pone de manifiesto que ha habido un abuso por parte del Ministerio Público, en particular de la Fiscalía de la Nación”, y revelaría una politización frecuente de la justicia.
La problemática, por tanto, no se limita a quién dirige la Fiscalía de la Nación, sino a recuperar con urgencia la autonomía, la ética y la transparencia como pilares de la función fiscal. La Constitución peruana consagra la independencia del Ministerio Público, pero dicha autonomía debe pasar de ser un principio normativo a convertirse en una práctica tangible. Solo así será posible rescatar la confianza ciudadana y devolverle a la justicia su rol esencial de equilibrio frente a los excesos del poder.
Es así que la politización y la judicialización son realidades que hoy marcan el destino de nuestro sistema de justicia. Si el Ministerio Público continúa atrapado en la lógica de la disputa política, la democracia peruana seguirá perdiendo legitimidad.