La presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo este martes una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, con el objetivo de asegurar el financiamiento para la construcción de cinco nuevos penales en el país. La iniciativa apunta a aliviar la crisis de hacinamiento penitenciario y reforzar la seguridad frente al avance de la delincuencia organizada.
La mandataria explicó que la inversión estimada asciende a 800 millones de dólares y permitirá levantar establecimientos penitenciarios en Cusco, Pasco, La Libertad, Arequipa y Huacho. Uno de los proyectos más avanzados es el penal de Colquepata (Cusco), que solo requiere la firma del contrato para iniciar con el expediente técnico y el proceso de convocatoria, previsto para enero de 2026.
¿Cuántos internos albergarán los nuevos penales?
Uno de los anuncios más destacados fue el del penal de Huacho, que tendrá capacidad para 16,000 internos, convirtiéndose en una de las cárceles más grandes del país. Además, se proyecta la construcción de un establecimiento exclusivo para sentenciados de alta peligrosidad, con espacio para 10,000 personas privadas de libertad.
La presidenta Boluarte sostuvo que el objetivo no es solo construir cárceles para encerrar más internos, sino impulsar procesos de resocialización. “Queremos que, cuando recuperen su libertad, los internos puedan acceder a estudios, capacitación y empleo digno. La reinserción es clave para que no vuelvan a reincidir en el delito”, afirmó.
¿Qué desafíos enfrenta el sistema penitenciario peruano?
Boluarte recordó que hace décadas no se construyen penales en el país, pese a que el crimen transnacional y el narcotráfico han incrementado la presión sobre el sistema carcelario. Actualmente, los establecimientos del INPE enfrentan un hacinamiento que supera el 130 %, lo que afecta la seguridad, la salud y la rehabilitación de los internos.
Según el Ejecutivo, el financiamiento de la CAF será determinante para revertir esta situación y modernizar la infraestructura penitenciaria. El Gobierno también plantea fortalecer la gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que estará a cargo de la supervisión de las obras y de la posterior administración de los penales.
¿Quiénes participaron en la reunión con la CAF?
El encuentro en Palacio contó con la participación de los ministros de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo, y de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, así como altos directivos de la CAF. Sergio Díaz-Granados destacó la disposición de su institución para apoyar proyectos estratégicos en la región y aseguró que el organismo acompañará al Perú en la ejecución de iniciativas de impacto social y de seguridad.
Con este anuncio, el Gobierno busca enviar un mensaje de firmeza en su política contra la delincuencia organizada, pero también de compromiso con la resocialización y reinserción social de los internos. La apuesta por nuevos penales marca un paso decisivo en la agenda de seguridad ciudadana y justicia en el país.