La crisis de inseguridad en el Perú alcanzó un nuevo nivel con la decisión de al menos ocho empresas de transporte público de suspender sus operaciones en Lima y Callao, luego de una serie de amenazas y ataques extorsivos que ponen en riesgo la vida de choferes y cobradores.
El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, calificó la situación de “catastrófica” y señaló que los empresarios no tienen otra salida que detener las unidades hasta que el Estado garantice condiciones mínimas de seguridad.
Empresas que suspendieron operaciones
La paralización comenzó el sábado 27 de septiembre y se extendió hasta este lunes 29, afectando a empresas como Santa Catalina, Flores, la 47 y Vipusa, entre otras. La decisión se tomó de manera conjunta en una reunión de emergencia entre dirigentes del sector, quienes señalaron que no expondrán más la integridad de sus trabajadores frente a la violencia desatada.
De acuerdo con Ojeda, los ataques contra transportistas se han multiplicado en los últimos meses, pese a los operativos policiales y la captura de algunos cabecillas de organizaciones criminales. “Las amenazas siguen llegando, la delincuencia no se detiene”, subrayó.
El impacto en los pasajeros
La medida golpea directamente a millones de usuarios que dependen del transporte público para trasladarse a diario. Según cifras de la CIT, en Lima y Callao se realizan alrededor de 15 millones de viajes diarios, de los cuales cinco millones corresponden únicamente al distrito de San Juan de Lurigancho.
La paralización de ocho empresas implica la pérdida de cientos de miles de viajes, lo que genera caos en la movilidad, incremento de la informalidad y encarecimiento de tarifas alternativas. Ojeda recordó que en abril, cuando se interrumpieron 11 millones de viajes en un solo día, las consecuencias fueron inmediatas: saturación del sistema y perjuicio directo a los ciudadanos.
Falta de articulación del Estado
El dirigente fue enfático al señalar que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana “no existe” en la práctica, mientras que la Fiscalía y el Poder Judicial actúan de manera desarticulada frente al crimen organizado. “No basta con capturar a los cabecillas si las bandas continúan operando desde las cárceles o a través de nuevas células”, sostuvo.
Ojeda exigió una articulación real de medidas entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, acompañada de inteligencia operativa para desmantelar las redes de extorsión que ya controlan rutas de transporte y amenazan con infiltrarse en las flotas, como ocurre en países vecinos.
Una amenaza regional
El dirigente advirtió que el fenómeno que hoy enfrenta el Perú tiene paralelos en países como Colombia, donde las mafias llegaron a imponer condiciones dentro de las empresas de transporte, obligando a los empresarios a incluir personal y vehículos ligados a los grupos criminales.
“Lo que ocurrió en Colombia se está repitiendo aquí: las bandas ya deciden qué rutas operan, qué empresas siguen y a cuáles se les cobra cupos”, alertó Ojeda.
¿Logrará el Gobierno frenar la ola de extorsiones al transporte público en Lima y Callao antes de que la crisis paralice más rutas y deje a millones de ciudadanos sin movilidad segura?
Lo que viene
La CIT anunció que en las próximas reuniones con el Ejecutivo presentará un plan de emergencia para la protección de transportistas, que incluye patrullaje especializado, presencia policial en puntos críticos y un sistema de denuncias expeditivo.
Mientras tanto, los pasajeros siguen siendo los principales afectados. Miles de limeños se han visto obligados a usar servicios informales o gastar más en taxis aplicativos, en medio de un clima de temor e incertidumbre.
La suspensión de ocho empresas de transporte por extorsiones y amenazas criminales refleja la gravedad del problema de inseguridad que atraviesa Lima y Callao. La crisis no solo compromete al sector transporte, sino que afecta la vida diaria de millones de ciudadanos que dependen del servicio público.
Sin una respuesta coordinada del Estado, la situación podría agravarse y abrir espacio a que las mafias controlan aún más el sistema de transporte, replicando escenarios ya vividos en otros países de la región.