La situación judicial de Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, sigue sumando episodios clave. Aunque el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación a inicios de septiembre, la Fiscalía ha solicitado ahora al Poder Judicial que se le prohíba concurrir a cualquier embajada ubicada en Lima o reunirse con diplomáticos extranjeros, como parte de las reglas de conducta dentro del proceso penal que enfrenta por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Este pedido será evaluado el próximo 26 de septiembre por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien convocó a una audiencia virtual con la participación de las partes procesales involucradas.
¿Por qué la Fiscalía pide esta restricción?
El Ministerio Público considera que la expremier podría recurrir a una embajada como posible vía de asilo o protección diplomática, lo que pondría en riesgo su sujeción al proceso que se le sigue por los delitos de rebelión y conspiración, junto a Pedro Castillo y otros exfuncionarios.
La medida se plantea como una ampliación de las reglas de conducta, ya que, pese a estar en libertad, Chávez debe cumplir condiciones estrictas:
- No ausentarse de Lima sin autorización judicial.
- Pasar control biométrico cada siete días.
- Acudir a las citaciones de la autoridad judicial o fiscal.
En este contexto, la restricción de acceso a sedes diplomáticas busca reforzar el marco de control, evitando eventuales maniobras que puedan obstaculizar la investigación.
Autorización para viajar a Tacna
Paralelamente, el juez Checkley Soria autorizó que Chávez pueda viajar a Tacna entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre para reunirse con su familia y entorno cercano. La decisión se sustentó en que la ex primera ministra ha cumplido con las disposiciones judiciales y mantiene un fuerte vínculo con esa ciudad, donde nació, estudió y fue elegida congresista.
La resolución judicial reconoce que, tras el periodo de prisión preventiva que cumplió, corresponde evaluar también el derecho a mantener lazos familiares. El viaje, según el magistrado, será breve y no interfiere con las diligencias en curso.
Contexto del proceso judicial
Betssy Chávez fue excarcelada luego de que el Tribunal Constitucional declarara fundado el recurso de agravio constitucional presentado por su defensa. Sin embargo, continúa siendo investigada por su presunta participación en la intentona golpista de Pedro Castillo, cuando este anunció el cierre del Congreso y la reorganización del sistema judicial.
La ex jefa de gabinete es señalada como una de las funcionarias que habría coordinado con Castillo en los momentos previos al mensaje televisado del 7 de diciembre de 2022, lo que la coloca en el centro de las pesquisas.
Aunque la defensa de Chávez ha sostenido reiteradamente que no participó de las decisiones del entonces presidente, la Fiscalía insiste en que existen elementos que justifican mantener restricciones severas en su contra.
Debate político y judicial
El caso de Betssy Chávez no solo tiene un ángulo judicial, sino también político. Su excarcelación generó controversia, pues mientras algunos sectores señalaron que se trataba de una decisión ajustada a derecho, otros criticaron que el TC haya otorgado un beneficio a una de las piezas clave en la estrategia de Castillo.
Ahora, el nuevo pedido de la Fiscalía reaviva la discusión:
- ¿Es proporcional prohibirle el ingreso a embajadas como medida preventiva?
- ¿O se trata de una restricción excesiva que podría rozar con derechos fundamentales?
Este debate vuelve a poner en relieve el delicado equilibrio entre el respeto a la libertad personal y la necesidad de asegurar el desarrollo de un proceso judicial en casos de alta sensibilidad política.
Lo que viene
La audiencia del 26 de septiembre será decisiva. Si el juez Checkley acoge el pedido de la Fiscalía, Betssy Chávez no podrá ingresar a ninguna embajada ni reunirse con diplomáticos en Lima, una regla que, en la práctica, cerraría toda posibilidad de asilo político dentro del territorio nacional.
Mientras tanto, la ex primera ministra continuará cumpliendo con el resto de sus obligaciones procesales, y su permanencia en libertad dependerá de no incumplir las disposiciones judiciales.
El desenlace de este episodio marcará un precedente en el manejo de las medidas de coerción procesal en casos de presunta conspiración contra el orden constitucional.