El Tribunal Constitucional (TC) precisó los alcances de su sentencia del 10 de julio sobre las investigaciones fiscales que pueden seguirse a un presidente de la República durante el ejercicio de sus funciones. Según la resolución a la que tuvo acceso RPP, la Fiscalía de la Nación queda habilitada únicamente para realizar actos de investigación urgentes, inaplazables y estrictamente necesarios, siempre que las circunstancias del caso lo requieran y respetando la dignidad presidencial.
¿Qué precisó el Tribunal Constitucional?
El TC aclaró el fundamento 136 de su sentencia para evitar interpretaciones equivocadas. Señaló que no se permite al Ministerio Público realizar investigaciones de manera indefinida que puedan afectar al mandatario, pues esto contradiría el espíritu de la sentencia constitucional, que busca proteger la institución presidencial y garantizar un equilibrio entre la función investigadora y la estabilidad del cargo.
“La Fiscalía de la Nación está habilitada solo para realizar aquellos actos que resulten urgentes, inaplazables y estrictamente necesarios, siempre que las circunstancias del caso lo ameriten y respetando la dignidad del cargo presidencial”, señala la resolución.
Contexto del caso
Esta aclaración surge luego de la demanda presentada por el Poder Ejecutivo para establecer límites a las investigaciones fiscales que involucren a presidentes en funciones. La presidenta Dina Boluarte enfrenta actualmente investigaciones en el Ministerio Público, las cuales quedaron suspendidas hasta que culmine su mandato en julio de 2026.
La defensa legal de la mandataria había solicitado una aclaración adicional sobre los alcances de la sentencia, pero el TC declaró improcedente esa solicitud, reafirmando los límites ya establecidos.
Implicancias para la Fiscalía
La decisión del TC tiene un impacto directo en cómo la Fiscalía de la Nación podrá actuar frente a presidentes en funciones. Solo se permitirá intervenir cuando se trate de actos de investigación esenciales y que no puedan postergarse, evitando que procedimientos prolongados o innecesarios interfieran con la gestión presidencial.
De esta forma, se establece un marco de acción muy claro: la investigación fiscal debe ser puntual, proporcional y siempre con respeto a la investidura del cargo, un principio que busca equilibrar la rendición de cuentas con la estabilidad institucional.
¿Qué significa para la Presidencia?
Para el Gobierno, la resolución del TC refuerza la protección de la institucionalidad y garantiza que las pesquisas fiscales no se conviertan en un obstáculo permanente para la gestión presidencial. Al mismo tiempo, la Fiscalía mantiene la facultad de actuar en casos excepcionales que requieran intervención inmediata.
Con esta precisión, el Tribunal Constitucional reafirma la idea de que el ejercicio de la investigación fiscal sobre un presidente en funciones no puede ser indiscriminado ni arbitrario. La resolución establece un equilibrio entre la transparencia en la rendición de cuentas y la protección del cargo presidencial, definiendo claramente los límites y condiciones para que el Ministerio Público actúe.