Una combi de transporte público que operaba entre Lima y Callao fue incendiada por presuntos extorsionadores en la cuadra 32 de la avenida Enrique Meiggs, en el Cercado de Lima. Según reportes policiales, dos sujetos en motocicleta se acercaron al vehículo, rociaron combustible y le prendieron fuego. Pese a la rápida intervención de los bomberos, la unidad quedó completamente calcinada.
El vehículo pertenece a una asociación de transportistas informales, que enfrenta constantes amenazas por parte de bandas criminales que exigen cupos para operar en la ruta.
¿Qué se sabe sobre los pagos de cupos?
Varios transportistas, que prefirieron mantener el anonimato, afirmaron que desde hace meses deben pagar a distintas organizaciones delictivas para poder trabajar. Esta vez, aseguran, el ataque habría sido ejecutado por una nueva banda, distinta a las que ya venían exigiendo dinero.
“Cada día estamos más expuestos, incluso fuera de nuestro horario laboral. Tras este atentado, muchos decidimos llevarnos los vehículos a casa por miedo a nuevos ataques”, comentaron algunos choferes.
Historial de ataques en la misma ruta
No es la primera vez que esta asociación de transporte es víctima de atentados. El pasado febrero, otra combi fue incendiada bajo circunstancias similares en el Callao. Los trabajadores aseguran que la violencia y las amenazas de las bandas se han intensificado en los últimos meses.
Como consecuencia, algunas asociaciones han incrementado el precio de los pasajes en la ruta Lima–Callao, debido al constante cobro de cupos y al temor de perder sus unidades.
Llamado a las autoridades
Los transportistas exigieron mayor presencia policial y acciones concretas para frenar esta ola de violencia que afecta no solo su seguridad, sino también la de los pasajeros que diariamente utilizan la ruta.
“El Estado debe garantizar la seguridad de los choferes y usuarios. No podemos trabajar bajo amenazas constantes”, afirmaron.
Impacto en la seguridad ciudadana
El atentado refleja un patrón creciente de violencia contra el transporte público en Lima y el Callao, y evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los trabajadores y de sus unidades. La intervención policial rápida en este caso evitó que el incidente tuviera consecuencias humanas, pero dejó al descubierto la vulnerabilidad de los transportistas frente a las bandas de extorsionadores.