El incremento de la criminalidad, principalmente asociada a la minería ilegal, se ha convertido en un factor que afecta la competitividad de la minería formal y del Perú, advirtió Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), durante su participación en la conferencia “Desregulación para la Competitividad” en el Perumin 37, que se realiza en Arequipa.
Al respecto, precisó que, según los resultados de la última Encuesta Fraser, el porcentaje de empresas mineras que considera a la inseguridad como un obstáculo fuerte o decisivo para invertir en el país pasó de 6% en 2018 a 29% al cierre de 2024, luego de registrar un pico de 37% en 2023 tras las manifestaciones que iniciaron en diciembre de 2022.
Impacto de la sobrerregulación
Asimismo, señaló que el exceso de trámites afecta directamente el nivel de competitividad del Perú frente a otras plazas de inversión, pues genera incertidumbre y falta de predictibilidad en el planeamiento de los proyectos mineros, ocasionando desventajas comparativas frente a otros países.
La excesiva sobrerregulación no es una problemática exclusiva del Perú, anotó Grossheim. Citó que, antes de la pandemia de la COVID-19, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un estudio en 18 países de la región que concluyó que los trámites burocráticos han proliferado a un ritmo asombroso en América Latina. El informe reveló que los procedimientos se han vuelto tan complejos que obligan a reiteradas visitas e interacciones con organismos públicos, y que el costo de atenderlos resulta elevado tanto para los fondos de los Estados como para los ciudadanos y las empresas.
En ese contexto, manifestó que, si bien se han registrado algunos avances significativos con mejoras regulatorias a través de las Mesas Ejecutivas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aún no se ha realizado una evaluación integral de todos los procedimientos administrativos y de las entidades públicas vinculadas con la actividad minera.
“Es necesario reducir los procesos engorrosos, duplicidades y retrasos excesivos, sin que ello implique una reducción en las obligaciones de los administrados; así como trabajar para lograr la interoperabilidad en la labor de las entidades públicas; impulsar la digitalización y sistematización de los trámites; y, sobre todo, fortalecer las capacidades del sector público”, puntualizó.
Finalmente, Ángela Grossheim invocó a asumir el desafío de recuperar la confianza, forjar instituciones sólidas, establecer reglas claras y predecibles, y emprender una estrategia firme para enfrentar la criminalidad. “Solo así será posible viabilizar la cartera de proyectos mineros, recuperar la competitividad perdida y aprovechar nuestro potencial geológico para impulsar el crecimiento, el empleo y el desarrollo regional. De manera conjunta, el sector público y privado deben armonizar sus ventajas competitivas y reforzar las medidas que nos permitan competir por la atracción de inversión en el mundo, más aún en el contexto internacional actual y los precios de los minerales”, enfatizó.