Durante años existieron más de mil quinientos centros de arbitraje en el Perú. Hoy quedan solo tres. El cambio no es menor: desde la modificación de la normativa de contrataciones con el Estado, únicamente los centros inscritos en el Registro Nacional de Centros de Arbitraje están autorizados para resolver controversias en obras, servicios, consultorías y bienes. Entre esos tres se encuentra el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Centro del Perú (CARD Centro Perú), dirigido por el doctor Juan Carlos González Salinas.
“Somos el segundo centro inscrito en el registro y eso marca la diferencia. No cualquiera accede a este nivel de autorización.
Se requiere cumplir con exigencias muy altas”, explica González Salinas. El proceso demandó quince meses de inversión y trabajo, con requisitos que incluyen certificaciones internacionales, plataformas digitales de trazabilidad y auditorías externas. Gracias a ello, el centro puede arbitrar controversias hasta por diez millones de soles.
La acreditación responde a una necesidad clara: devolver confianza al sistema arbitral tras los escándalos vinculados al caso Odebrecht. “Lo que hizo el Estado fue poner filtros. Antes cualquier centro podía arbitrar, ahora solo aquellos que demuestren transparencia y solidez técnica. Es una manera de dar seguridad jurídica a los contratistas”, señala el abogado.
CARD Centro Perú apuesta además por un atributo que resulta clave para las empresas: la celeridad procesal. “Nosotros resolvemos controversias de manera rápida y eficiente. A diferencia de procesos que pueden tardar uno o dos años, nuestro compromiso es ofrecer plazos razonables sin perder rigurosidad”, afirma su director. Esa rapidez, en un sector donde las demoras significan proyectos paralizados y pérdidas millonarias, se convierte en un valor diferencial.
El centro también ha sumado certificaciones que refuerzan su credibilidad. Cuenta con ISO 9001 de calidad e ISO 37001 antisoborno, ambas acreditadas por Inacal, y se encuentra en proceso de obtener la ISO 27001 de seguridad de la información. “No son simples sellos, son garantías de que trabajamos bajo estándares internacionales. El contratista necesita confiar en que cada decisión se toma con transparencia y en un marco de prevención de irregularidades”, agrega González Salinas.
El perfil de cliente que se beneficia con este respaldo es claro: empresas contratistas que trabajan con el Estado. Para ellas, la existencia de apenas tres centros autorizados convierte la elección en un asunto estratégico. “Si una compañía firma un contrato millonario con el Estado y surge una controversia, por ley no puede ir al Poder Judicial, solo puede acudir a un centro de arbitraje autorizado. Y ahí estamos nosotros, ofreciendo imparcialidad y profesionalismo”, enfatiza.
El mensaje es directo: el Estado busca incentivar la inversión asegurando que los conflictos se resolverán en espacios fiscalizados y confiables. CARD Centro Perú recoge ese espíritu y lo convierte en propuesta de valor para los contratistas.
“Nuestro compromiso es dar seguridad jurídica a quienes siguen apostando por el país. Sabemos que las obras y servicios no pueden detenerse por disputas mal resueltas”, concluye González Salinas.
Esta reciente inclusión en el registro, las certificaciones internacionales y la experiencia de su director, son prueba de que hoy el arbitraje puede ser rápido, profesional y, sobre todo, confiable.