La investigación contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, sufrió un giro inesperado luego de que se anulara la colaboración eficaz de Leo Pinheiro, expresidente de la constructora brasileña OAS, pieza clave en el caso que busca esclarecer presuntos actos de corrupción durante la gestión de Villarán. El programa de Milagros Leiva reveló que la medida se tomó justo un día antes del inicio del juicio oral contra la exautoridad edil, y fue difundida por Willax.pe.
¿Qué implicaciones tiene la anulación de la colaboración de Pinheiro?
El proceso especial de colaboración eficaz de Pinheiro, identificado con la clave 130-2019, había sido clave para la Fiscalía, pues aportaba información sobre supuestos pagos ilícitos y aportes de campaña vinculados a la reelección de Villarán. Con la negación de su estatus de colaborador, los detalles que Pinheiro iba a proporcionar quedan invalidados, generando un vacío en la investigación y modificando el curso del proceso judicial.
“Como siempre, le quitan la colaboración a Pinheiro. O sea, todo se cae”, indicó la periodista Milagros Leiva en su programa, reflejando la magnitud del impacto que la decisión podría tener en el caso.
Contexto del caso Villarán y el rol de OAS
Durante la gestión de Villarán al frente de la Municipalidad de Lima, se realizaron investigaciones sobre supuestos aportes irregulares de empresas brasileñas, incluyendo OAS y Odebrecht, para campañas de reelección y financiamiento de obras. El programa de Milagros Leiva señaló que Pinheiro había sido considerado un testigo estratégico, ya que sus declaraciones podrían sustentar la acusación sobre el flujo de dinero de las constructoras hacia la exalcaldesa.
La anulación de la colaboración se produce en un momento crítico, pues el juicio oral estaba programado para iniciarse el 23 de septiembre de 2025, en la sede judicial de Carlos Zavala, en el Centro Histórico de Lima. La medida no solo afecta la estrategia de la Fiscalía, sino que también podría influir en los tiempos de resolución del caso y en la percepción pública sobre la transparencia del proceso.
Reacciones de autoridades y actores clave
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, expresó públicamente su desacuerdo con la forma en que se ha llevado la investigación contra Villarán. “Siempre he expresado mi punto de vista, totalmente contrario, adverso a la forma como se ha investigado ese caso”, señaló, evidenciando tensiones internas sobre el manejo del proceso.
Por su parte, el abogado de Pinheiro había solicitado en seis ocasiones que se cerrara formalmente la colaboración de su patrocinado, sin que se obtuvieran resultados antes de la anulación definitiva. Este hecho subraya la complejidad del procedimiento judicial y la incertidumbre que rodea a los colaboradores eficaces en investigaciones de alto perfil.
¿Qué sigue para Villarán y el caso de corrupción?
Con la colaboración de Pinheiro anulada, la Fiscalía deberá reorganizar su estrategia probatoria para sostener las acusaciones contra la exalcaldesa. Los detalles que ofrecía el expresidente de OAS eran considerados fundamentales para vincular de manera directa a Villarán con presuntos actos de corrupción y financiamiento ilícito.
Además, la decisión llega en un momento sensible para la opinión pública y los medios de comunicación, que siguen de cerca la evolución de un proceso que ha generado atención nacional e internacional. La expectativa ahora se centra en cómo la Fiscalía adaptará sus argumentos y qué otras pruebas presentará para asegurar el avance del juicio oral.
Impacto mediático y percepción pública
La noticia ha generado repercusión en redes sociales y medios de comunicación, donde se discute la efectividad de los mecanismos de colaboración eficaz y la transparencia del sistema judicial peruano. Expertos legales advierten que la anulación de testimonios estratégicos puede debilitar las investigaciones anticorrupción y afectar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
El caso Villarán, que involucra presuntos aportes millonarios de constructoras brasileñas, sigue siendo un ejemplo de los retos que enfrenta el país en la lucha contra la corrupción y la necesidad de garantizar procesos judiciales sólidos, imparciales y basados en evidencia.