El traslado de Miguel Marcelo Salirrosas, expolicía conocido como alias “El Diablo” y sentenciado a 27 años de prisión por su vínculo con la organización criminal Los Pulpos, ha desencadenado un nuevo escándalo en torno al sistema penitenciario peruano.
Según reveló el programa Panorama, Salirrosas fue movido del penal El Milagro, en Trujillo, al establecimiento penitenciario de Cajamarca el pasado 12 de agosto. La justificación oficial apunta a faltas disciplinarias graves, tras hallarse en su celda objetos prohibidos como un USB, una radio y un cargador. Pero detrás de este traslado se teje una trama que involucra al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, acusado de haber influido previamente para frenar un cambio de penal.
¿Un “padrino” en el poder?
La sospecha surge a raíz del testimonio de un colaborador protegido identificado como 01-2025, quien aseguró que en febrero de este año, cuando Salirrosas ya había superado el tiempo máximo legal en aislamiento, debía ser trasladado. Sin embargo, el movimiento nunca se concretó porque, según este testigo, Santiváñez —entonces ministro del Interior— intervino ante el presidente del INPE, Javier Llaque, para evitarlo.
La versión cobra fuerza por lo declarado a Panorama: el director del penal El Milagro, Carlos Franco Medina, habría comentado al interno que “tenía un buen padrino”. El término, en la jerga penitenciaria, suele usarse para referirse a funcionarios o políticos con capacidad de frenar medidas disciplinarias.
La grabación que complica a Santiváñez
El escándalo se profundizó con la difusión de un audio el 14 de septiembre. En esa grabación, atribuida a una conversación entre Santiváñez y el premier Eduardo Arana, el hoy titular de Justicia solicita que Salirrosas sea trasladado a un pabellón más cómodo.
En la conversación, Santiváñez se refiere a Arana como “hermano” y pide su intervención, mientras menciona que familiares de policías acudieron al Ministerio del Interior. Arana responde con un: “Lo veo ahorita, listo, listo”. El registro habría sido grabado por un familiar de Salirrosas en la propia sede ministerial, y se investiga como un posible caso de tráfico de influencias.
El traslado a Cajamarca y las nuevas tensiones
Pese a las suspicacias, el 12 de agosto se concretó finalmente el traslado de Salirrosas a Cajamarca, once días antes de que Santiváñez jurara como ministro de Justicia. Fuentes penitenciarias confirmaron que fue trasladado en una ambulancia junto a otro interno.
El INPE explicó que el cambio obedeció a faltas disciplinarias graves, incluyendo agresiones verbales y psicológicas a personal femenino. El jefe de la institución, Emilio Paredes, ratificó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el hallazgo de objetos prohibidos en la celda del interno.
Además, la entidad descartó que Salirrosas haya sufrido agresiones físicas en su nuevo centro penitenciario. Informes médicos señalaron que ingresó en “óptimo estado de salud” y que no existen registros de lesiones.
¿seguridad o conveniencia política?
El caso plantea un dilema: ¿se trató de una medida de seguridad penitenciaria legítima o de un traslado condicionado por intereses políticos?
Los reportajes periodísticos sostienen que el traslado ocurrió más por conveniencia y presiones que por protocolos. En contraste, el INPE afirma que actuó conforme a la normativa vigente y acusa a los medios de intentar “desprestigiar” a la institución.
Un interno con antecedentes peligrosos
Alias “El Diablo” no es un reo cualquiera. Exmiembro de la Policía Nacional, fue condenado por su participación con la organización criminal Los Pulpos, dedicada a la extorsión y el sicariato en La Libertad. Desde su captura, se le ha vinculado con influencias internas que le habrían permitido mantener beneficios indebidos en prisión.
Fuentes penitenciarias citadas por Panorama señalaron que, en apenas un mes en Cajamarca, Salirrosas ya estuvo involucrado en dos enfrentamientos internos, lo que refuerza el argumento de que su presencia genera riesgos de seguridad en cualquier establecimiento donde permanezca.
La versión oficial y la respuesta política
El INPE emitió un comunicado en el que detalló los motivos del traslado y negó cualquier vulneración a los derechos humanos del interno. La institución subrayó que el procedimiento se ajustó a la Directiva 003-2020-INPE, que regula traslados por motivos de seguridad penitenciaria.
Sin embargo, la sombra de las grabaciones y testimonios complica el panorama político. El ministro Santiváñez ya enfrenta cuestionamientos sobre su idoneidad y posibles vínculos con personajes ligados al crimen organizado. El caso pone a prueba la credibilidad del Ejecutivo y del sistema penitenciario, justo en un contexto donde la seguridad ciudadana es una de las principales demandas del país.
El caso de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, se ha convertido en un punto de fricción entre periodismo de investigación, instituciones penitenciarias y autoridades políticas. Mientras el INPE insiste en que se trata de una medida técnica y disciplinaria, los reportajes destapan posibles redes de poder e influencias que exceden los muros de las cárceles.
El desenlace dependerá de las investigaciones que se abran en el Congreso y el Ministerio Público. Pero, por ahora, la historia confirma lo que muchos temen: en el Perú, el poder del crimen organizado no termina cuando se cierran las rejas de una celda.