El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente las versiones difundidas en un reciente informe periodístico que, según la entidad, busca desprestigiar la gestión institucional y a sus funcionarios. El pronunciamiento aclara la situación del interno Marcelo Salirrosas, trasladado en agosto de este año al penal de Cajamarca.
De acuerdo con el INPE, el movimiento respondió estrictamente a las normas vigentes sobre seguridad penitenciaria, y se ejecutó por decisión de la Dirección Regional Norte, con sede en Chiclayo. El documento precisa que el interno fue cambiado de penal tras cometer faltas disciplinarias graves, entre ellas, la posesión ilegal de artículos prohibidos de comunicación y la agresión verbal y psicológica contra personal femenino encargado de su custodia.
Normativa y protocolo aplicado
El traslado se sustentó en la Resolución Directoral N.º 336-2025-INPE-ORNCH, firmada el 11 de agosto. Además, se amparó en la Directiva N.º 003-2020-INPE, que regula los procedimientos para la conducción de internos a nivel nacional. Esta norma establece que el traslado es procedente cuando existen comportamientos evidentes o encubiertos que pongan en riesgo la seguridad de las personas, las instalaciones, las comunicaciones, la seguridad ciudadana o incluso la seguridad nacional.
El comunicado resalta que las medidas de este tipo no se aplican de manera arbitraria, sino dentro de un marco legal y técnico definido, que contempla tanto la condición procesal o sentenciada del interno como la necesidad de proteger la seguridad penitenciaria.
Estado de salud y denuncias
Otro punto clave que aborda el INPE es el estado de salud de Marcelo Salirrosas. Según el pronunciamiento, el interno ingresó al penal de Cajamarca en óptimas condiciones físicas y se sometió al protocolo habitual de evaluación médica que acompaña todo traslado penitenciario.
El director del establecimiento penitenciario de Cajamarca reportó en el Informe N.º 001-2025-INPE/EPC-Dirección que el interno no presentó denuncias por agresiones ni se registraron reportes de violencia en su contra. Asimismo, se subraya que no existen evidencias de maltratos ni afectaciones físicas o psicológicas durante su permanencia en dicho centro de reclusión.
De manera adicional, el interno fue evaluado recientemente por el área de salud del penal. El resultado, contenido en el Informe N.º 1066-2025-INPE/EPC-CIMC-Tópico/Área de Salud, descartó la presencia de lesiones o afectaciones de salud.
¿Se trata de un caso de vulneración de derechos humanos o de una medida legítima de seguridad penitenciaria?
El INPE sostiene que se trata de una decisión legal, documentada y transparente, mientras que los informes periodísticos cuestionados habrían exagerado los hechos para generar impacto mediático.
El trasfondo de la controversia
Los cuestionamientos sobre el caso Salirrosas abren un debate más amplio: ¿qué nivel de transparencia tienen los procesos de traslado de internos y cómo se comunica a la ciudadanía? El INPE afirma que las normas se cumplen de manera estricta, pero reconoce que los penales en el país están en constante observación pública debido a denuncias sobre violencia, corrupción y sobrepoblación.
Expertos en derecho penitenciario señalan que la clave está en garantizar información clara y verificable para evitar rumores o acusaciones que, de no ser sustentadas, generan desconfianza en la ciudadanía.
Compromiso institucional
El comunicado concluye con un mensaje enfático: el INPE reafirma su compromiso de proteger la integridad física y mental de todos los internos en sus establecimientos a nivel nacional. Además, insiste en que seguirá actuando bajo los principios de legalidad, seguridad y respeto a los derechos humanos, rechazando cualquier intento de distorsionar la realidad de sus acciones.
El caso Marcelo Salirrosas refleja la tensión constante entre el control penitenciario y la percepción pública. Mientras el INPE defiende que el traslado fue una medida técnica y legal, los cuestionamientos periodísticos colocan en el debate la credibilidad de la institución y su capacidad de garantizar derechos.
Más allá de las diferencias narrativas, lo cierto es que el episodio expone la necesidad de comunicación más proactiva y transparente por parte del sistema penitenciario peruano, en un escenario donde la ciudadanía demanda seguridad, pero también respeto por los derechos humanos.