El Ministerio Público atraviesa nuevamente un periodo de interinidad. Desde el 20 de septiembre, Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular con mayor antigüedad, asumió como fiscal de la Nación interino, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendiera a Delia Espinoza por seis meses. La designación, que responde a la línea de sucesión establecida en la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, reabre el debate sobre la estabilidad de la Fiscalía en medio de investigaciones sensibles.
¿Qué motivó este cambio en la Fiscalía?
La suspensión de Delia Espinoza se produjo en un contexto de cuestionamientos a su gestión y procesos disciplinarios en curso. La JNJ dispuso su apartamiento temporal, lo que obligó a activar el mecanismo de reemplazo inmediato. En virtud del artículo 158 de la Constitución Política del Perú, Sánchez fue el designado, dejando de manera automática la titularidad de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal.
Este movimiento ocurre en un momento de alta tensión política. El Ministerio Público es protagonista de investigaciones de gran impacto nacional: desde los casos de corrupción regional hasta los procesos que involucran a altos funcionarios del actual gobierno.
¿Hasta cuándo se mantendrá Sánchez en el cargo?
La pregunta clave es cuánto durará su permanencia. Este lunes 22 de septiembre, la Junta de Fiscales Supremos —integrada por Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena— decidirá si Sánchez continúa como interino o si otro magistrado asume la conducción del Ministerio Público.
Más allá del resultado, el solo hecho de que se discuta la continuidad de la máxima autoridad fiscal refleja la fragilidad institucional que arrastra la entidad desde hace varios años.
Una figura con experiencia y pasado polémico
Pablo Sánchez ya fue fiscal de la Nación entre 2015 y 2018. Durante su mandato enfrentó el inicio del caso Lava Jato en el Perú, con todo el impacto político que ello generó. Se le recuerda como un fiscal de perfil técnico, pero también como un magistrado que debió lidiar con críticas desde el Congreso y desde el propio interior de la institución.
Su retorno, siete años después, lo coloca nuevamente bajo los reflectores. Para muchos, su experiencia en épocas turbulentas es una ventaja; para otros, su designación interina es apenas un paliativo en una crisis que requiere soluciones estructurales.
¿Qué está en juego para el Ministerio Público?
La conducción de la Fiscalía no es un tema menor. El fiscal de la Nación es la figura central en las investigaciones contra presidentes, altos funcionarios y congresistas. La interinidad de Sánchez genera dudas sobre la independencia y continuidad de las investigaciones más sensibles, así como sobre la relación con el Ejecutivo y el Congreso.
El riesgo es que la pugna por el liderazgo del Ministerio Público termine debilitando aún más la confianza ciudadana en una de las instituciones clave para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Mirada al futuro inmediato
El desenlace de la reunión de la Junta de Fiscales Supremos será decisivo. Si se ratifica a Sánchez, el mensaje será de continuidad bajo la figura más experimentada. Si se opta por otro magistrado, se abrirá un nuevo capítulo de tensiones internas que podrían complicar la gobernabilidad institucional.
Lo que está claro es que el Ministerio Público sigue atravesando un proceso de desgaste, con cambios sucesivos de liderazgo que impiden consolidar una estrategia clara frente a los grandes casos de corrupción y criminalidad.