El expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, vuelve al centro de la controversia política y judicial. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó admitir a trámite la Denuncia Constitucional 634, formulada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por presuntos delitos de instigación y colusión simple y agravada.
De acuerdo con el informe aprobado por unanimidad (13 votos a favor), Vizcarra habría promovido y facilitado el direccionamiento de procesos de contratación pública a favor de la constructora Casa S.A., a través de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Provías Nacional, designando a Edmer Trujillo Mori como ministro del sector para garantizar esos intereses.
¿Qué implica esta nueva denuncia contra Vizcarra?
La admisión de la denuncia marca el inicio de un proceso que podría culminar en acusación constitucional contra el exmandatario. Según el Código Penal, la colusión agravada conlleva penas severas, pues involucra la utilización del aparato estatal en perjuicio del erario nacional.
La fiscal de la Nación atribuye a Vizcarra la figura de instigador, es decir, que habría motivado o direccionado la actuación irregular de otros funcionarios. La imputación también se apoya en su decisión de colocar a Trujillo al frente del MTC, cartera clave en licitaciones millonarias.
¿Qué otros casos se evaluaron en la Subcomisión?
La sesión no solo giró en torno a Vizcarra. También se admitió a trámite la Denuncia Constitucional 538 contra el congresista Raúl Doroteo Carbajo, acusado por la Fiscalía de haber cometido concusión, al recortar el sueldo de una trabajadora de su despacho. Este informe se aprobó con 6 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.
En contraste, la SAC declaró improcedentes varias denuncias, entre ellas:
- Contra Martha Moyano, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, entre otros, por presunto tráfico de influencias.
- Contra Kelly Portalatino y Silvia Monteza por negociación incompatible.
- Contra María del Carmen Alva por patrocinio ilegal de intereses.
- Contra la propia fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al no precisarse infracción ni delito funcional.
¿Qué viene ahora en el proceso?
Tras la admisión, la denuncia contra Vizcarra pasará a la fase de investigación en la Subcomisión, que deberá recolectar pruebas, convocar audiencias y escuchar los descargos del exmandatario.
En paralelo, se llevaron a cabo audiencias reservadas de otras denuncias acumuladas contra Vizcarra, como las presentadas por Manuel Merino, Leonardo Inga y Luis Roel, así como la que interpuso la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, vinculadas al presunto delito de concusión. Vizcarra y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, solicitaron reprogramación y deberán comparecer el próximo 3 de octubre.
También se vio el caso DC 498 contra el expresidente Pedro Castillo y su exministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, por presunta negociación incompatible y nombramiento ilegal, cuya audiencia igualmente se reprogramó para octubre.
¿Qué consecuencias políticas puede traer para Vizcarra?
El expresidente enfrenta un escenario complicado. Si bien la Subcomisión recién inicia el proceso, la admisión unánime refleja un consenso político en el Congreso para avanzar con la investigación.
La pregunta clave es: ¿Podría Vizcarra quedar inhabilitado nuevamente?
En caso de aprobarse una acusación constitucional en su contra, el pleno del Congreso podría sancionarlo con inhabilitación para ejercer cargos públicos, como ya ocurrió en 2021 por el caso “Vacunagate”.
Para Vizcarra, este nuevo proceso debilita aún más su posición política y complica cualquier aspiración futura en escenarios electorales.
Contexto: Vizcarra y la sombra de la corrupción en obras públicas
El caso de la constructora Casa S.A. se suma a una larga lista de cuestionamientos en torno a la gestión de Vizcarra en proyectos de infraestructura. Durante su paso por el gobierno, ya había sido vinculado a presuntas irregularidades en la adjudicación de obras cuando fue gobernador de Moquegua.
La figura del expresidente sigue generando división en la opinión pública: para algunos, un líder que enfrentó a sectores políticos tradicionales; para otros, un gobernante que no logró escapar de las redes de corrupción que históricamente rodean a las grandes licitaciones del Estado.
La admisión de la denuncia contra Martín Vizcarra por favorecer presuntamente a la constructora Casa S.A. reabre el debate sobre la corrupción en licitaciones públicas y pone en jaque la imagen del exmandatario.
Con varios procesos en curso y nuevas audiencias programadas, el futuro legal y político de Vizcarra está cada vez más condicionado a lo que decida la Subcomisión y, posteriormente, el pleno del Congreso. Lo cierto es que su nombre vuelve a aparecer en los titulares, esta vez no por su gestión frente a la pandemia, sino por los presuntos beneficios indebidos en contratos millonarios del Estado.