Este martes 23 de setiembre de 2025 se instalará el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, y otros veinte procesados por delitos como colusión, lavado de activos, cohecho y asociación ilícita. La audiencia se desarrollará de manera presencial a las 9:00 a.m. en la sede judicial Carlos Zavala Loayza, en el Cercado de Lima.
El caso estará a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, integrado por los jueces Nayko Techy Coronado Salazar, Max Oliver Vengoa Valdiglesias y Wilmer Roy Quispe Umasi. La Fiscalía ha solicitado una condena de 29 años de prisión para Villarán, acusada de haber recibido aportes ilícitos para financiar campañas políticas y de favorecer a concesionarias en proyectos como Rutas de Lima, Línea Amarilla y la Vía Expresa Sur.
Entre los implicados figuran exfuncionarios de su gestión, como José Miguel Castro Gutiérrez, hallado muerto el 29 de junio 2025, y Domingo Arzubialde Elorrieta, además de empresas y entidades civiles consideradas responsables económicas, como Odebrecht, Rutas de Lima y la Asociación Ciudadanos por Lima.
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Para sustentar la acusación, el Ministerio Público ha presentado 378 testigos —entre ellos 60 extranjeros— y más de 600 documentos, peritajes y pruebas materiales. La magnitud del caso convierte a este proceso en uno de los más complejos de la justicia penal especializada.
El tribunal ha advertido que los acusados deberán comparecer de manera obligatoria, bajo apercibimiento de ser declarados contumaces y enfrentar órdenes de captura en caso de inasistencia injustificada.
Con este juicio, el Estado Peruano, a través de la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht, busca además una reparación civil por los daños ocasionados por los presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión de Villarán en la Municipalidad de Lima.
De qué se le acusa a Susana Villarán
La acusación fiscal contra Susana Villarán —presentada por el Equipo Especial Lava Jato y que da origen al juicio oral— señala lo siguiente en términos concretos:
- Campañas políticas financiadas con dinero ilícito
La Fiscalía sostiene que Villarán recibió aportaciones de las constructoras Odebrecht y OAS por un total aproximado de US$ 10 millones.- De Odebrecht: alrededor de US$ 3 millones.
- De OAS: alrededor de US$ 7 millones.
Estos fondos se habrían destinado a las campañas “No a la Revocatoria” (2013) y “Reelección” (2014).
- Intercambio de favores por concesiones
Según la imputación, Villarán y su entorno aceptaron este dinero a cambio de beneficios en contratos municipales, entre ellos:- Rutas de Lima
- Línea Amarilla
- Vía Expresa Sur
- Delitos atribuidos a Villarán
- Asociación ilícita para delinquir: por liderar junto con José Miguel Castro y otros exfuncionarios una red destinada a captar dinero ilícito.
- Colusión agravada: por concertar con las empresas concesionarias para favorecerlas en los contratos.
- Cohecho pasivo propio: por recibir sobornos de las constructoras.
- Lavado de activos: por dar apariencia legal a los aportes ilícitos mediante gastos de campaña y ocultamiento de origen.
- Pena solicitada
La Fiscalía ha pedido 29 años de prisión efectiva para Susana Villarán.